La crisis de los «sintecho» de Barajas destapa el «bloqueo» de recursos en Madrid

Los «sintecho» de Barajas vuelven a ser noticia... y también arma arrojadiza entre Administraciones. El Gobierno ha echado todos los balones fuera hacia una única portería. O dos. Las del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. «El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no tiene competencias en atención directa. Estas situaciones de vulnerabilidad (...) que se están dando en el Aeropuerto de Barajas son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos», aseguraron ayer desde el Ministerio que preside Pablo Bustinduy. De esta forma, el argumentario de Moncloa va hacia en la misma dirección: una supuesta falta de recursos madrileños para afrontar la situación.

La reacción desde Cibeles y Sol no se ha hecho esperar. Empezando por la vicealcaldesa, Inma Sanz. Primero, por la presunta falta de responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el problema. «Hay cinco ministerios implicados en la gestión del aeropuerto. El Gobierno no puede ponerse de perfil en una infraestructura crítica», aseguró Sanz. Un diagnóstico similar realizó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado lunes. «Como tantas cuestiones que pasan en el aeropuerto, en tantos sentidos, no quieren arreglarlo. Es la puerta de entrada a Madrid, a la capital de España, y les da igual. Pero también les da igual la situación de todas estas personas», afirmó.

Con todo, Sanz señaló un problema de fondo que, de acuerdo al Ayuntamiento, el Gobierno no asume. El Ayuntamiento cuenta ahora mismo con 1.200 plazas para personas sin hogar y 630 plazas para personas en «emergencia social». Estas últimas, estarían destinadas en principio a otros perfiles más allá del sinhogarismo. Por ejemplo, alguien que, de la noche a la mañana, haya perdido su casa. Sin embargo, y como apuntan desde el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, presidida por José Fernández, «más de la mitad» de esas 600 plazas están ahora mismo copadas por solicitantes de asilo en España. «Una competencia que corresponde cien por cien al Estado», añaden desde el Área.

Así, Sanz señaló que, actualmente, existe un «bloqueo» de los recursos municipales para ayuda social. Un «colapso» en el que el Gobierno de España es también responsable. Como explican desde Cibeles, el Ayuntamiento no tendría obligación legal de facilitar un recurso de emergencia social a las personas demandantes de asilo, ya que esa responsabilidad sería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por razones humanitarias, el Ayuntamiento les concede ese primer alojamiento. El problema, añaden, es que las plazas de emergencia social están pensadas para una «alta rotación»: no más de 15 días por usuario. Sin embargo, se están encontrado con que los solicitantes no son derivados a recursos estatales hasta «seis u ocho meses después». Desde el Área de Políticas Sociales explican que han tratado ese asunto con Secretaría de Estado. «Nunca lo han negado».

«A los ministerios de Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les compete en exclusiva la atención a los solicitantes de asilo, tal como establece la Constitución Española en su artículo 149.1.2ª. Asimismo, la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, indica que a partir de la presentación de la solicitud el solicitante tiene los derechos de acogida que en dicha ley se reconocen de acceso a los servicios sociales gestionados por el Estado», aseguró José Fernández el pasado viernes.

Ante una supuesta falsa de recursos municipales, el Área de Fernández recuerda que más de 600 de las plazas disponibles para personas sin hogar han sido creadas desde 2019, año en el que José Luis Martínez-Almeida tomó el bastón de mando en Cibeles.

En lo que respecta a la intervención en el aeropuerto de Barajas, la vicealcaldesa explicó que, ahora mismo, cerca de un centenar de personas (94) están siendo atendidas por el Ayuntamiento. A la hora de abordar su situación, el Consistorio cuenta con «Equipos de Calle», que incluyen a educadores, trabajadores sociales, psicólogos, mediadores... En total, la plantilla alcanza las 60 personas, que trabajan en los 21 distritos. Y la intervención, afirman desde el Ayuntamiento, es ardua. Y es que los perfiles que se encuentran son múltiples: gente con problemas de salud mental, con adicciones, con algún tipo de antecedentes... el trabajo de estos equipos consiste en irse ganando su confianza, de forma que puedan acceder a los recursos del Ayuntamiento.

El pasado viernes, el propio concejal de Políticas Sociales explicaba la situación. «En Barajas conviven múltiples perfiles y realidades: personas sin hogar con vinculación con la ciudad, solicitantes de asilo, personas de paso o sin ninguna vinculación con Madrid, cuya competencia de atención es de múltiples administraciones. El Ayuntamiento es el único que está siendo parte de la solución y mantiene una intervención social continuada en el aeropuerto a través de los Equipos de Calle y del SAMUR Social con las personas sobre las que tiene competencia de atención: personas sin hogar que tienen vinculación con Madrid».

De hecho, de acuerdo a José Fernández, «la solución pasa, en primer lugar, por hacer una filiación de todas las personas que viven o duermen en el aeropuerto para poder ofrecer soluciones individualizadas desde las administraciones competentes. El aeropuerto, como responsable de la infraestructura, es quien debe realizar este trabajo y así se lo ha exigido el Ayuntamiento, pero por ahora no han facilitado ninguna información».