Del «gobierno bonito» a los ministros «quemados»

«Nunca una moción de censura ha triunfado en España». Hace dos años, este apriorismo se volatilizó. El negativo bagaje histórico no era baladí y martilleaba la cabeza del propio Pedro Sánchez antes de presentarla. El entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE era el más reacio de su entorno a dar el paso, pero cuando «la demoledora sentencia de la Audiencia Nacional» removió los cimientos de Génova, el líder socialista puso a sus colaboradores a trabajar en ella.

Días después, algunos de ellos como Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Margarita Robles ostentaban ya una cartera ministerial. Hoy todavía lo hacen. Desde el entorno del presidente se concibe aquel momento como «un cambio de época», si bien es cierto que se reconoce que el desenlace final nunca estuvo en sus manos, sino en las de Mariano Rajoy. «Vamos a esperar a ver qué dice el PP y el Gobierno», dijo Sánchez antes de promoverla. Y ya en la tribuna del Congreso durante la sesión plenaria se comprometió a pararlo todo, si se asumían responsabilidades. «Dimita, señor Rajoy, dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora», le espetó en varias ocasiones al que hoy es su predecesor en Moncloa.

Además de un cambio de signo en el Ejecutivo, la moción de censura supuso también el fin de la tradicional pugna entre PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda. Un acercamiento entre Sánchez e Iglesias que sembró el germen de lo que hoy es el primer gobierno de coalición de la democracia y que se materializaría algunos meses después en las urnas. Sánchez tocó el poder en junio, pero tuvo que esperar a abril 2019 (y noviembre, posteriormente) para revalidarlo en las urnas, una pátina de legitimidad que, hasta entonces, la oposición le había cuestionado insistentemente, pese a ser la moción de censura un mecanismo netamente constitucional.

Poco más queda del espíritu de un movimiento que llevó a Sánchez a la Moncloa y que, dos años después, se ha difuminado, arrasado –como todo– también por el carrusel de la pandemia. Lo que continúa aún vigente es la debilidad de un Gobierno, apoyado en una mayoría precaria, que consiguió ahormar un sentir mayoritario (180 diputados) en contra de Mariano Rajoy, pero que –a duras penas– lo puede revalidar diariamente en favor de su proyecto. Persisten también las continuas polémicas y resisten esas cuentas de 2018 que parecían darle vida al Gobierno del PP y que se la acabaron dando al del PSOE.

El estado de alarma por la crisis del coronavirus ha supuesto de facto un cambio de socios. Lo que en 2016 –con el pacto del abrazo– y en 2018 –Albert Rivera votó en contra de la moción de censura, con el PP– se demostró imposible por la incompatibilidad de Ciudadanos y Podemos, ha sucedido a raíz del COVID-19. La formación naranja se ha convertido, junto al PNV, en el principal baluarte del Ejecutivo para mantener el estado de alarma. «Buscaré en el PNV un socio vasco para futuros cambios legislativos», anticipó Sánchez en su discurso de la moción de censura y, no en vano, es el verdadero pegamento que mantiene unido el proyecto progresista.

Quién hoy pone en cuestión que el Gobierno se haya «llevado por delante, quizá de manera irremediable» el espíritu de la investidura es ERC. Quizá el aliado más volátil con el que Sánchez ha contado. Le auparon al poder, pero en plena pugna interna en el independentismo, le dejaron caer, forzando un adelanto electoral. El vaivén de las negociaciones para el estado de alarma también dan buena cuenta de ello. «Tendré diálogo con el nuevo Govern para salir de la situación que usted ha creado», le espetó el entonces líder de la oposición a Rajoy durante el discurso del 1 de junio. Este compromiso se materializó en forma de una «mesa» de interlocución a la que los soberanistas de ERC atornillaron a Sánchez a cambio de la abstención en la investidura y de la que, con cierta asiduidad, aprietan las tuercas.

De polémica en polémica

Lo que continúa inmutable desde la moción de censura son las cuentas públicas que aprobó Rajoy días antes y que parecía que le llevarían a acabar el mandato. Sánchez se comprometió en la investidura «a gobernar con los Presupuestos Generales de Estado que están por aprobar» y ¡vaya si cumplió el compromiso! Éstos siguen aún hoy vigentes por la falta de apoyos para impulsar unos nuevos y tras el impacto del virus, por la incapacidad de alumbrar unas previsiones realistas. El Ejecutivo tenía ya aprobada la senda de estabilidad y el esqueleto de las cuentas, pero quedaron en barbecho ante el impacto de la pandemia y el shock económico.

Junto con las cuentas también se han mantenido siempre vivas las polémicas. Apenas cinco días tardó en llegar la primera dimisión al Ejecutivo, la del malogrado ministro de Cultura Màxim Huerta, por tributar a través de una sociedad interpuesta. Le siguió a los pocos meses la titular de Sanidad, Carmen Montón, y, aunque otros ministros han estado muy expuestos: Margarita Robles, José Luis Ábalos, Salvador Illa o Fernando Grande-Marlaska en los últimos días, el presidente se mantiene firme y, salvo pequeños retoques o la entrada de Podemos en el Gabinete, ha conservado la esencia del Consejo de Ministros que juró sus cargos hace dos años.

Sin embargo, la polémica ha golpeado a casi todos los miembros del Ejecutivo. La andadura del Gobierno de coalición comenzó con el impacto del «Delcygate» que puso contra las cuerdas al ministro de Transportes por sus múltiples versiones inverosímiles; siguió con las disensiones entre Irene Montero y Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a cuenta de la Ley del solo «sí es sí» que ambos partidos querían rentabilizar en la calle y ha culminado con el titular de Interior en el ojo del huracán por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

La pandemia ha puesto en serios apuros al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y colocó en una difícil situación interna a Margarita Robles, a quien desde la derecha se ensalzó como sucesora de Sánchez. La ministra de Defensa tampoco tuvo su mejor momento en la pasada legislatura a cuenta de la «crisis de los misiles» y en el Ejecutivo le recriminan que «va por libre». Reciente es también la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quitando relevancia al Turismo o las discrepancias entre el sector ortodoxo que representan Nadia Calviño y María Jesús Montero con el ala de Podemos por las reformas de calado.

Con semejante debilidad y falta de apoyos, la principal fortaleza del Gobierno es que no existe alternativa posible. Sánchez advierte con asiduidad en los últimos días que la «legislatura es de cuatro años», un margen hasta 2023 que confía en que permita reflotar el país tras la pandemia.