El juez ve "incompatible” que Iglesias y su ex asesora a la que robaron el móvil compartan abogada

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que investiga el robo del móvil a la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham y la posterior difusión de conversaciones con el líder de Podemos- ve "incompatible" que ambos sigan compartiendo la misma abogada.

El magistrado advierte un “conflicto de intereses constatado” entre la posición procesal que ostenta Bousselham como víctima del delito, cuya voluntad -recuerda- es “esclarecer los hechos que son objeto de este procedimiento”- y la del líder de Podemos, a quien retiró recientemente la condición de perjudicado y que precisamente ha recurrido esa decisión a través de la misma letrada.

La decisión del instructor en esta pieza del "caso Tándem" -que mantiene en prisión al comisario José Manuel Villarejo desde noviembre de 2017- se produce después de que García Castellón rechazara la petición de la Fiscalía de que la ex asesora compareciese ante el juez para exculpar a Iglesias y de que la propia defensa de Bousselham matizara después sus declaraciones sobre la situación en la que el ahora vicepresidente del Gobierno le entregó la tarjeta que le habían sustraído.

Precisamente para “salvaguardar y proteger a la víctima del delito investigado en esta pieza separada”, antes de admitir a trámite ambos escritos, el instructor da traslado a la Fiscalía y al resto de las partes tanto del recurso de Iglesias como de las alegaciones de su ex asesora en el que se retracta de sus manifestaciones anteriores -en las que afirmó que la tarjeta que le entregó el líder morado estaba dañada y ya no había ninguna información en su interior, lo que ha llevado al juez a investigar si Iglesias pudo borrar su contenido- despejando cualquier sospecha sobre el político. Lo paradójico, para el juez, es que ambos escritos estén firmados por la misma abogada una vez el juez ha retirado al actual vicepresidente su condición de perjudicado, y por tanto de acusación popular.

García Castellón recuerda que el pasado marzo, cuando la Fiscalía solicitó la declaración de Bousselham como perjudicada, se le informó de los derechos que le correspondían en virtud del Estatuto de la Víctima del Delito. En esa condición, añade, la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo ha instado la práctica de diversas diligencias de investigación que dejan ver "de modo inequívoco" su interés en esclarecer lo sucedido con la tarjeta y con la difusión de varias conversaciones entre ambos, entre ellas una en la que Iglesias aseguraba respecto a la periodista Mariló Montero que “la azotaría hasta que sangrase”.

Una posición procesal, la de víctima del delito -subraya el magistrado- que “se evidencia en este momento incompatible con la sostenida por la misma letrada mediante la interposición del recurso”, en representación del líder morado, contra la decisión del juez de revocarle la condición de perjudicado en el procedimiento.

En esta pieza están investigados por descubrimiento y revelación de secretos a los periodistas Alberto Pozas, ex director de Interviú, y Luis Antonio Renduelles, que facilitaron al actual vicepresidente del Gobierno una copia de la tarjeta de memoria de ese teléfono después de que el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, se negara a publicar su contenido.

En la resolución en la que acordó que Iglesias ya no podía considerarse perjudicado por el robo del móvil de su ex asesora, el instructor ordenó a la Policía investigar cuántos meses tuvo en su poder esa tarjeta SIM el líder de Podemos, quién pudo recibir esa tarjeta “y qué pudo hacer con ella”.

Iglesias tuvo la tarjeta SIM entre 5 y 39 meses

El pasado 18 de mayo, en una nueva comparecencia ante el instructor, Bousselham aseguró, tras analizar la documentación incautada a Villarejo, que “se habrían modificado algunos archivos, echando en falta información de carácter personal muy apreciada”. Y ratificó que la tarjeta que le entregó en julio de 2016 Pablo Iglesias estaba dañada y nunca pudo ver su contenido, pese a que según contó la envió a una empresa en Alemania.

El instructor concluyó entonces que hasta ahora la investigación no ha podido vincular la difusión de esas informaciones que contenía la tarjeta SIM de la ezx asesora podemita exclusivamente con la intervención de Villarejo, que negó cualquier responsabilidad al respecto.

En su última declaración judicial -después matizadas en el escrito referido- Bousselham reconoció que hizo capturas de las imágenes de las conversaciones con Iglesias -entre ellas la referida a la periodista- y "admitió haberlas enviado a terceras personas desde su propio teléfono móvil", lo que hizo constatar a García Castellón que "las posibles fuentes del medio digital" que las publicó, Okdiario, "se amplían considerablemente, pues las imágenes pudo haberlas recabado de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta (o de su copia) o de quien las hubiera recibido de la propia Dina". Y recordaba que Iglesias "mantuvo la tarjeta en su poder por un tiempo que no ha podido ser concretado" después de que Asensio le entregara la tarjeta en enero de 2016.

El instructor cree que el líder de Podemos tuvo la tarjeta en su poder entre cinco meses, si se la hubiese entregado a su ex asesora en junio de 2016, y 39 meses, si lo hizo en el propio juzgado en marzo del pasado año.