La Fiscalía investiga penalmente ya a 224 residencias de ancianos

Las residencias de ancianos que son objeto de investigación penal para determinar si en las mismas se han podido cometer delitos, especialmente homicidios imprudentes y lesiones, por parte de la Fiscalía ascienden ya a 224, a la vez que ya hay una treintena de jueces que tienen abiertos procedimientos por hechos sucedidos en estos centros de mayores relacionados con la pandemia del coronavirus (en esta última semana hay tres nuevos procedimientos judiciales). Las diligencias civiles, en las que se investiga si se vulneraron derechos de los ancianos, ascienden a 194, según datos facilitado por la Fiscalía General del Estado.

En esta última semana se han abierto 29 nuevas diligencias de investigación penal, de las que 15 –casi el 50 por ciento- lo han sido a residencias de la Comunidad de Madrid. Las otras 14 afectan a centros de mayores de Barcelona, dos de Jerez de la Frontera y una en Cáceres, Teruel, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Burgos, Palencia, Girona y otra en Extremadura. Una vez que la Fiscalía concluya cada una de esas investigaciones decidirá si las archivas, en el supuesto de no observar infracción penal alguna, o las pone en conocimiento de los jueces con las correspondientes denuncias.

 En cambio, se decretó el archivo de cinco expedientes de diligencias de investigación penal que estaban abiertas, concretamente en Palencia, Soria, Salamanca, Lugo y otra en Galicia.  

También se han archivado tres diligencias de índole civil (en las Fiscalías de Alicante, Navarra y de la Comunidad Autónoma de Extremadura), como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento; pero se han incoado otro tantos de esa misma índole para seguimiento de la situación en determinados establecimientos residenciales en las Fiscalías de Sabadell, Ourense y de Extremadura.

Las residencias de la Comunidad de Madrid son las que más investigaciones se aglutinan en la Fiscalía, con prácticamente un centenar en las que la Fiscalía tiene puesta la lupa. En esta comunidad también hay seis jueces que tienen abiertos sendos procedimientos para depurar las responsabilidades en caso de que se hayan producido. Sin embargo, la comunidad donde más jueces investigan estos hechos es en Castilla y León, donde son nueve las causas abiertas por estos hechos.