El comisario García Castaño niega que facilitara datos reservados de bases policiales a Villarejo

El comisario Enrique García Castaño ha recurrido en apelación la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de procesar al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía por participar supuestamente en una trama de espionaje a un despacho de abogados. Su abogado considera precipitado el cierre de la investigación, acordado el pasado día 8 por el instructor, al considerar que hay todavía diligencias relevantes pendientes, por lo que denuncia que se deja a García Castaño en una situación de indefensión. Asimismo, denuncia en otro escrito la filtración del escrito de acusación antes de que se le hubiera notificado por parte del juzgado.

En su apelación, la defensa de García Castaño -para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 52 años de cárcel- niega que el ex comisario facilitara a Villarejo datos reservados de las bases policiales sobre el despacho investigado, Balder Ip Law, y pide al instructor la práctica de una batería de diligencias que considera fundamentales para acreditar la inocencia de su cliente.

En esta “pieza Iron” del “caso Tándem”, que mantiene en prisión provisional a Villarejo desde noviembre de 2017, la Fiscalía atribuye a los dos ex comisarios y a otras doce personas delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil por espiar al citado despacho por encargo de la firma de abogados Herrero y Asociados, que sospechaba que sus antiguos socios se servían de ex empleados suyos para filtrar información y sustraer documentación de la cartera de clientes de su empresa.

Para el abogado de García Castaño, dar por cerrada la fase de instrucción “cuando existen pendientes de decisión y admisión diligencias que no pretenden ser dilatorias” y que se solicitaron “hace ya mucho tiempo” coloca en una “clara situación de indefensión” al ex responsable de la UCAO, dado que las considera esenciales para su labor de defensa. En contrapartida, se queja de la “grave discriminación” que advierte en el hecho de el juez admita “todas las diligencias que le ha solicitado” la Fiscalía. De ahí que vea “inexplicable en términos jurídicos” que Anticorrupción solicitase una decisión de tanto calado como el cierre de la instrucción en pleno estado de alarma, e “igualmente sorpresivo” que el juez la acordada sólo dos días después.

García Castaño insiste en esclarecer el modo en que se producía el tráfico de información hacia el “Grupo Cenyt” de Villarejo y su socio Rafael Redondo -también procesado en esta causa-, puesto que mantiene que él era ajeno a ese flujo de datos reservados de bases policiales. Su defensa responsabiliza de esa transmisión de información supuestamente delictiva al inspector jefe Constancio Riaño y al inspector en situación entonces de segunda actividad Antonio Bonilla, también acusados, quienes según su versión serían los encargados de contactar con Redondo “sin participación alguna” de García Castaño.

Para Anticorrupción, sin embargo, el ex jefe de la UCAO “se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información”. Según la Fiscalía, Villarejo -para quien pide una condena a 57 años de prisión en esta causa- le habría recompensado con 3.000 euros mensuales y el pago del alquiler de su vivienda familiar en Madrid, que ascendía a 16.000 euros anuales.

En el registro del domicilio del socio de Villarejo los agentes hallaron documentos que, según la Fiscalía, acreditan que el Grupo Cenyt contó con datos provenientes de entidades bancarias e información privada de Balder Ip Law.

Pero el abogado de García Castaño lo niega y sostiene que el ex comisario "no está involucrado" y que así lo demuestran los correos electrónicos entre Riaño y Bonilla "que aparecieron en las entradas y registros y los que fueron remitidos de buena fe por el BBVA" en la pieza en la que se investiga la contratación de Villarejo por parte de la entidad bancaria, por lo que ve fundamental "acceder a todo el conjunto de correos entre ambos investigados" entre 2013 y 2016.

Esas cadenas de correos -defiende- “acreditan perfectamente” que era Riaño “quien remitía la información” a Bonilla”, “prevaliéndose de su puesto estratégico como responsable del Departamento de Relaciones Institucionales de la UCAO, y por lo tanto con acceso a las empresas privadas y a las bases de datos públicas”. Unos datos, añade, que eran reenviados posteriormente por Bonilla al socio de Villarejo “cerrándose así el ciclo de la información”. Con esos correos el letrado está convencido de que se demostraría que los dos ex mandos policiales señalados no operaban siguiendo instrucciones de García Castaño, “sino sobre la bilateral relación de amistad entre ambos”.

El acusado alerta de que, de no practicarse las diligencias solicitadas la Fiscalía “seguirá construyendo su acusación sobre supuestos hipotéticos, unos supuestos que podrían ser acreditados o desmentidos accediendo a esos correos”. Unos correos que, está convencido, contribuirían a esclarecer “el contexto en el que se trasladaban la información, o quién daba las órdenes” de que se trasladara la información, que juzga “a todas luces relevante para la causa y que no se entiende que se niegue”.

De hecho, insiste, los correos en los que Riaño envió la información a Bonilla “aparecieron en forma circunstancial en la entrada y registro” en el domicilio de Redondo “y otros que fueron aportados por el BBVA en un proceso de auditoría interna, siendo absolutamente clarividentes de la trama de envíos” entre ambos.