La Fiscalía pide 57 años de cárcel para Villarejo por espiar a un despacho de abogados

La Fiscalía Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional una condena de 57 años de cárcel y dos multas que suman 144.400 euros para José Manuel Villarejo en el marco de una de las piezas, "Iron", del "caso Tándem" por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil por las labores de espionaje a un despacho de abogados.

El Ministerio Público acusa además a otras trece personas, entre ellas el también ex comisario de Policía Enrique García Castaño, para quien solicita una pena de 52 años de prisión, su esposa, Gemma Alcalá, para quien solicita más de 47 años de cárcel y su ex socio Rafael Redondo.

En la "pieza Iron" se ha investigado la contratación de Villarejo -en prisión provisional por el "caso Tándem" desde noviembre de 2017- por parte de la firma de abogados Herrero y Asociados para que investigara a unos antiguos socios que abrieron un nuevo despacho, ante la sospecha de que se servían de ex empleados suyos para filtrar información y sustraer documentación de la cartera de clientes de su antigua empresa.

Anticorrupción sostiene en su escrito que el objeto del “proyecto Iron” consistía en que Villarejo “resolviera, mediante una multitud de actuaciones ilícitas a desarrollar prevaliéndose de su condición policial y al margen de sus cometidos oficiales” la situación de crisis empresarial suscitada tras la constitución en junio de 2012 por parte de varios antiguos socios y trabajadores de Herrero y Asociados de la firma Balder Ip Law, también especializada en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, y que “habría captado una elevada cartera de sus clientes del área internacional, y contra cuyos fundadores ventilaban litigios de naturaleza mercantil”.

En cuanto a García Castaño, la Fiscalía señala que “de forma permanente se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional española, obteniendo un relevante lucro por ello”. Tanto a uno como a otro Anticorrupción les aplica la agravante de prevalimiento por su condición de funcionarios públicos.

Para llevar a cabo su objetivo, el Grupo Cenyt, continúa el relato fiscal, entre junio de 2013 y abril de 2014 “accedió ilícitamente a datos reservados y sensibles” de Balder Ip Law, una información que posteriormente usaron “para nutrir una denuncia que presentaron en sede policial” y que Villarejo “se encargaría de impulsar” para provocar “el mayor daño reputacional” a ese despacho. Un cometido para el que contó con la “permanente colaboración” de García Castaño, a quien supuestamente recompensaba con 3.000 euros mensuales y el pago del alquiler de la vivienda del comisario y su esposa en Madrid, que ascendía a 16.000 euros anuales.

En la resolución en la que propuso sentar en el banquillo a 14 procesados, el instructor de la causa, el magistrado Manuel García Castellón, aseguraba que a través de Villarejo y de Redondo, y sirviéndose de detectives privados, los responsables del despacho que contactaron con el mando policial pretendían esclarecer una competencia desleal y supuestos ataques en la seguridad informática de su despacho.

El magistrado archivó la causa respecto a otros cinco investigados, entre ellos subordinados del comisario jubilado, porque según el instructor no quedó acreditado que recibieran dádivas por la información que proporcionaron a sus superiores sobre las personas perjudicadas, ni que conocieran la finalidad ilícita que se perseguía.

Esos encargos, según el juez, fueron mucho más allá de servicios de detectives privados, pues incluyeron “la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.- relativos a su competidor, Balder Ip Law”. Además, añadía, se contrató a Villarejo “a sabiendas de su condición de comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía” para que a través de su entramado “y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial suscitada”.

El precio del servicio se estipuló en 325.000 euros, más otros 300.000 en concepto de prima de éxito, de los que Herrero y Asociados habría abonado de forma opaca, entre agosto y septiembre de 2013, 302.500 euros a través de facturas falsas.