El Supremo pide informe a la Fiscalía sobre las 51 querellas y denuncias contra el Gobierno por la gestión del Covid-19

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha comenzado ya a estudiar las querellas y denuncias interpuestas contra el Gobierno en su totalidad o miembros de éste relacionadas con el estado de alarma. Para ello, la Sala que preside Manuel Marchena ha pedido como primer paso a la Fiscalía que informe sobre la competencia para entender de esas acciones penales y su posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas desde el pasado 14 de marzo, fecha en el que el Ejecutivo decretó el estado de alarma. En concreto, las querellas interpuestas son 15, mientras que las denuncias se elevan hasta 36.

En cuanto a la competencia, no hay duda de que al tratarse de miembros del Gobierno la competencia corresponde al Tribunal Supremo. Cuestión distinta es el fondo, que será clave para la actuación posterior. Si la Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito alguno, difícilmente el Supremo entraría a investigar, pero si sostiene que al menos hay base para investigar, la probabilidad de que la Sala Penal acuerde iniciar una investigación es más que probable, al igual que lo es que se proceda a la acumulación de algunas de esas denuncias y querellas, toda vez que en algunos casos los denunciados/querellados y los hechos imputados vienen a coincidir en no pocos supuestos.

De hecho, tal como informó LA RAZON el pasado día 19 de junio, no es descartable, sino más bien lo contrario, que en aquellos casos en los que denunciados/querellados sean los mismos, y el relato de hechos sea igualmente similar, se proceda a acumular varias denuncias. Será entonces el momento de dar traslado a la Fiscalía, cuyo teniente fiscal, Luis Navajas, será quien decida lo correspondiente. Y es que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no puede intervenir en asuntos que impliquen al Gobierno ya que perteneció al mismo hasta semanas antes de su nombramiento en la cúspide del Ministerio Público.

Las últimas ocho acciones penales se han interpuesto desde el pasado día 22 de junio, es decir, en apenas 10 días, cuando ya incluso había dejado de estar en vigor el estado de alarma; dato que viene a refrendar que se ha presentado una denuncia o querella cada dos días desde el pasado 14 de marzo.

Entre los denunciantes y querellantes figuran desde Vox o el sindicato CSIF a abogados a título particular, como el controvertido José Emilio Rodríguez Menéndez, José Luis Mazón –quien denunció recientemente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no abrir los parques municipales y cuya denuncia fue archivada–, o el ex diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, hasta asociaciones que representan a víctimas y demás afectados por la Covid-19, una asociación de guardias civiles, colegios de enfermería, colectivos de médicos, policías municipales de Madrid, la asociación de Abogados Cristianos o las asociaciones vinculadas a la ultraderecha como Hogar Social o Hazteoir, además de algunos familiares de víctimas. E incluso de dos reclusos, que se dirigen directamente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Al margen de las acciones penales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tramita 32 recursos contencioso-administrativo interpuestos contra órdenes y decretos del Ministerio de Sanidad.