El Gobierno paraliza la reforma de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal

El Gobierno deja en “stand by” la reforma del Código Penal en lo que afecta al delito de rebelión y sedición. “No ha habido ningún compromiso ni calendario del Gobierno de reformar” el Código Penal en lo relativo a modificar el delito de rebelión. Así de taxativo se ha mostrado hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien, en cambio, sí ha asegurado que el único compromiso del Ejecutivo es llevar al Consejo de Ministros antes de final de año la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgará a los fiscales la investigación de las causas penales. Sin embargo, desde el Gobierno sí se había establecido, antes de la pandemia del coronavirus, la reforma de los delitos de rebelión y sedición, esto es, su adecuación a la “España del s.XXI” así como a los países de nuestro entorno, como una de las prioridades del Ejecutivo. En esta reforma amplia del Código Penal también se quería incluir el blindaje del “solo sí es sí”, aunque esto finalmente se gestionó a través de la polémica Ley de Libertad Sexual.

El titular de Justicia se ha limitado a señalar que durante una intervención parlamentaria solo expuso la “situación internacional” y la “voluntad unánime” de expertos en Derecho de que la legislación española en esa materia “debía ser objeto de revisión”, pero sin ir más allá. No obstante, ha dado cierta pausa a la reforma de los delitos que afectan a los líderes del “procés”, asegurando que “no está establecido un calendario” para llevarla a cabo y que ésta se “debería abordar con un gran consenso”. Un consenso que no existe y que no parece idóneo buscar en la actualidad, mientras se intenta atraer a Ciudadanos para que apruebe los Presupuestos Generales del Estado. El ministro ha querido imprimir pausa a los tiempos, asegurando que no es una reforma que se pueda hacer “en 15 días”, sino que se debe promover a través de un anteproyecto de ley y que ahora “todos las energías están volcadas en la crisis sanitaria”.

Distancias entre Felipe VI y Don Juan Carlos

Sobre las informaciones sobre la posible comisión percibida por el rey emérito de Arabia Saudí, algo menos de 65 millones, tanto la ministra portavoz como el titular de Justicia destacaron tres aspectos esenciales: confianza en que la Justicia es igual para todos y necesidad de respetar igualmente la presunción de inocencia, así como en marcar distancias entre el actual Jefe del Estado, Felipe VI, quien renunció a la parte de la herencia que pudiese corresponderle por esa donación, y su predecesor en las supuestas actividades ilícitas que se le pudieran imputar. “Debe responder a nivel individual”, han destacado.

“Dejemos que actúe la Fiscalía y tengamos confianza en las instituciones que rigen nuestro Estado, que están por encima de las personas que en un momento determinado las puedan encarnar”, especificó de forma muy gráfica la ministra portavoz del Gobierno. En la misma línea se manifestó el titular de Justicia que defendió que la “Justicia es igual para todos” y que algunos casos de la hemeroteca reciente clarifican que personas importantes han tenido que responder ante la misma.