La Fiscalía aprecia indicios de delito de odio en Ortega Smith por sus manifestaciones sobre las 13 Rosas

Será el Supremo el que decida si abre una investigación contra el secretario general de Vox

La Fiscalía del Tribunal considera, en un escrito remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo, que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, debe ser investigado por un posible delito de odio por sus manifestaciones sobre las conocidas como 'Trece Rosas', al entender que las mismas podrían ser constitutivas de un delito de odio.

El diputado, concejal por Madrid y secretario general del Vox afirmó que lo que hacían las jóvenes era «torturar, violar y asesinar vilmente» y que «cometieron crímenes brutales en las checas».

En su informe, el Fiscal de Sala especialista en delitos de odio, Alfonso Aya Onsalo, alude a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y, en concreto, a la establecida en su sentencia de 6 de julio de 2006 y recuerda que es de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades.

la Asociación Trece Rosas Asturias o la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica le denunciasen a raíz de que el dirigente de Vox se negara a retractarse de sus palabras en el acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid. El secretario general de Vox se negó y la juez del caso buscó una solución intermedia que los demandantes aceptaron, unas disculpas públicas, pero Ortega Smith propuso una matización de sus palabras y no una rectificación, por lo que finalmente no hubo acuerdo.

Por ello, la denuncia continuó adelante. Ahora, al ser elegido diputado, la competencia para investigarle sólo corresponde al Tribunal Supremo. Ahora, tendrá que ser la Sala de Admisión la que decida si admite la competencia para investigarle, y, en caso afirmativo, designaría un instructor, que sería el encargado de realizar las diligencias oportunas. SI finalmente, se apreciara que ha podido incurrir en delito habría que solicitar al Congreso el correspondiente suplicatorio.