El PP comunicó al Gobierno el 14 de agosto la ruptura de las conversaciones para renovar el CGPJ

Los ataques de Podemos a la Monarquía, decisivos en la postura del PP de dar por terminadas las negociaciones

El Partido Popular transmitió al Gobierno el pasado 14 de agosto que las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial quedaban rotas. Lo hizo personalmente el presidente del PP, Pablo Casado al Gobierno a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones -CGPJ, Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo- del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella, por los “ataques”de esta formación a la Monarquía.

Un proceso de negociación que se había iniciado el 6 de julio, fecha en que se celebró el acto del 40 aniversario de la Constitución. Ese día, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solicitaron al PP iniciar esas negociaciones para renovar los órganos constitucionales pendientes: CGPJ, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo.

El PP encomendó a su secretario de Justicia, Enique López, para que fuese quien liderase las negociaciones por parte de los populares, quien durante ese mes avanzó en los que podría ser una “Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia”, como paso previo a las negociaciones y después de que el PSOE rechazara el 20 de diciembre de 2018 -mes y año en el que vencía el actual mandato del CGPJ- la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial , donde se recogia la elección directa de los vocales de extracción judicial, y uqe había sido aprobada previamente por el Senado.

Una vez que el Gobierno solicitó al PP el 6 de julio, el inicio de esas conversaciones, el presidente del Gobierno, Pedor Sánchez, el día 22 de ese mismo mes, propuso también a través de un washapp, los interlocutores para avanzar en las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo que terminase en la renovación del CGPJ y demás órganos constitucionales, “que fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión”, según señala el PP en un comunicado difundido esta mañana.

Así, Casado confirmó a Pedro Sánchez por washapp, según publica hoy el diario “El País”, sus disposición de avanzar en esa renovación. Seis días después, el 28 de julio, Consejo General del Poder Judicial informò de esas conversaciones, confirmadas tanto por PP como por el PSOE.

Una de las fechas claves que terminaron por incidir en la ruptura de las negociaciones fue la reacción de Podemos ante la decisión del Rey emérito de abandonar España. Esa decisión motivó un “intolerable ataque” por parte del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a Felipe VI. Casado, según sostiene el PP, “no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado”.

El 11 de agosto se produjo otro hecho relevante: la imputación de Podemos por financiación irregular, a la vez que el socio de Gobierno de Sánchez continuaba con sus ataques a la Monarquía y solicitaba un Gobierno en el País Vasco formado por PSE y Bildu y un pacto presupuestario con ERC a cambio de retomar la “Mesa de autodeterminación de Cataluña”.

Todo ello, esa actitud de la formación de Pablo Iglesias, derivó en que el 14 de agosto el PP diese por rotas las negociaciones para renovar el CGPJ y demás órganos constitucionales pendientes. Fue Pablo Casado quien se lo transmitió personalmente al Gobierno, “a través de una reunión presencial de sus interlocutores , que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella”.

Esta decisión fue comunicada también a Pedro Sánchez por el presidente del PP el pasado día 2 en la reunión que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa, dando cuenta de ello en la posterior rueda de prensa.

Por todo ello, el PP enfatiza que su postura en estas negociaciones ha estado guiada por la “transparencia y la responsabilidad institucional”, y ello a pesar de las “insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación”.

La posición del PP, concluye al respecto, se guiará en estas renovaciones por el “reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Pode Judicial”.