Congreso

Análisis sobre la derogación del decreto sobre los remanentes de ayuntamientos

José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha) explica las consecuencias de que el Congreso haya tumbado el Real Decreto Ley

José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha).La Razón

¿Cuál es la principal consecuencia de que el Congreso haya tumbado el RDL de los remanentes?

El Gobierno no utilizará los 14.850 millones “indisponibles” de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares, quienes a su vez pierden la participación en el fondo de 5.000 millones ofrecido y el diferencial de los intereses del -0,5% que les cobran los bancos -coste de unos 70 millones, según la Dirección general del Tesoro- y el +0,05% del préstamo a 15 años (-0,192% en el préstamo a 10 años).

Asimismo, seguirá vigente la regla de gasto en 2020 que el RDL quería exceptuar, por una única vez, para que las entidades locales pudieran efectuar gastos necesarios para la recuperación económica.

-¿En qué situación quedan los ayuntamientos hasta final de año?

Pese a la caída de la recaudación tributaria por la crisis sanitaria, los ayuntamientos seguirán cobrando las entregas a cuenta de la financiación municipal de 2020 que aprobó el Gobierno en marzo, pero la pérdida de recaudación de los impuestos municipales y de los ingresos de tarifa del transporte público, previsiblemente, les hará incurrir en un déficit presupuestario, teniendo que presentar un plan de ajuste para el próximo año.

¿Quiénes ganan y pierden con el rechazo de la convalidación del RDL?

Pierden todos, el gobierno de España y los gobiernos locales. En especial, las 7.618 entidades locales o sus entes dependientes con remanentes positivos que no podrán decidir si los prestan o no.

También quedarán perjudicadas 374 entidades locales con sus remanentes negativos, que tampoco podrán acceder al fondo de transporte público.

En cualquier caso, queda pendiente de verificar la situación de otras 5.939 entidades que a 31 de agosto aún no habían comunicado su liquidación presupuestaria de 2019 al Ministerio de Hacienda.