El magistrado del TC investigado por malos tratos tendrá que declarar en el Supremo el 1 de octubre

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha citado a declarar como investigado el próximo 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés dentro de la causa abierta contra él por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar y, en concreto, a su mujer, que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio en Majadahonda (Madrid). La comparecencia de Valdés -que llegó al TC en 2012 avalado por el PSOE- estará condicionada a cómo evolucione de sus problemas de salud, pues se encuentra hospitalizado en Madrid y de baja médica, según informó ayer el presidente del TC, Juan José González Rivas, al resto de magistrados antes de comenzar el Pleno.

Martínez Arrieta, que fue designado instructor del caso la semana pasada por la Sala de lo Penal del Supremo, ha citado también para el 1 de octubre a los testigos del caso: la esposa del magistrado Valdés, cinco guardias civiles destinados en el puesto de Majadahonda, dos particulares, un médico del SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), y los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente. Todos ellos han sido citados durante la mañana del 1 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, para comparecer y declarar en el Supremo.

Una vez finalizada la práctica testifical sólo restaría, en su caso, la citación de algún perito forense que analizara si la medicación que debe tomar Valdés pudo influir en los hechos investigados. La Fiscalía del Supremo, en el informe donde apoyaba la admisión a trámite de la exposición razonada de la jueza de Majadahonda, ya solicitaba que un médico forense realizase un informe sobre ese extremo, petición sobre la que no se pronunció la Sala en el auto de admisión a trámite.

El pasado 15 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo abrió una causa penal al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, y designó al magistrado Andrés Martínez Arrieta.

En su auto, la Sala afirmó que en la exposición razonada sobre los hechos elevada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Majadahonda, tras sintetizarse el contenido de las diligencias, se expresa que de ellas resultan indicios de la eventual comisión por parte del investigado de hechos que pudieran encajar en dicho delito; criterio que fue asumido por la Fiscalía.

Añadió el auto que la Sala también comparte esa valoración y que pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el examen de las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes actuantes “conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias con nombramiento de instructor, conforme al turno previamente establecido, para que el  mismo, con libertad de criterio, acuerde las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y resuelva en su momento conforme previene la Ley Procesal penal”.