Ayuso recurrirá al Supremo el cerrojazo de Illa a Madrid

Baraja no cumplir la orden ministerial para cerrar Madrid porque considera que «un acuerdo sin consenso no es válido». Apela al artículo 73 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

La posición de la Comunidad de Madrid hizo estallar ayer desde dentro el Consejo Interterritorial de Salud, en el que todas las comunidades tenían que refrendar el teórico principio de acuerdo firmado el martes entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre los criterios generales para implementar la reescalada en todo el territorio nacional. El acuerdo salió adelante con el voto en contra de Madrid, que había abanderado la exigencia de criterios comunes para todos, de Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta. Todas las demás autonomías votaron a favor, incluida Castilla y León, del PP; y Murcia, también gobernada por los populares en coalición con Ciudadanos (Cs), se abstuvo. Aunque luego desde el Gobierno murciano intentaron justificar el haberse salido del guion de su partido con la explicación de que había sido un error. El ministro Salvador Illa anunció una orden ministerial para imponer las nuevas restricciones, que afectan principalmente ahora mismo a Madrid, y que Madrid rechaza. El ministro aseguró que ninguna comunidad le había trasladado su voluntad de no cumplir la orden, fruto de «una decisión colegiada». Pero la sombra de la insumisión planeaba anoche sobre los ecos del Consejo interterritorial. La respuesta de Madrid fue ir al cuerpo a cuerpo con Sanidad: les acusó de mentir sobre el principio de acuerdo, que había anunciado su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), el martes por la tarde noche en las redes sociales, y también negó que se pueda hablar de un acuerdo colegiado. Fuentes del equipo de Ayuso confirmaron a este diario que no daban por válido el acuerdo. «Acuerdo sin consenso no es válido». Esto abre el grave interrogante de si el Gobierno regional de Ayuso desobedecerá la orden ministerial, en lo que también puede incurrir Cataluña, ante la dureza de la respuesta soberanista a las medidas comunes. Las fuentes consultadas indicaron que todo es recurrible, la decisión del Consejo Interterritorial y la orden ministerial, ante el Tribunal Supremo. Apuntan al artículo 73 de la Ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud Pública, de 2003, que dice que «para su adecuado funcionamiento el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobará su reglamento interno. Los acuerdos del Consejo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso».

En la reunión bilateral del martes pasado, ministerio y consejería de Sanidad regional sí discutieron y analizaron juntos los nuevos criterios homogéneos para los municipios de más de cien mil habitantes, que luego anunció el ministro de Sanidad en solitario en una rueda de prensa. Como luego detalló Illa, implican pautar una actuación común para actuar en caso de más de 500 contagios por cien mil habitantes, de un 10 por ciento de PCR positivas y de que el índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sea superior al 35 por ciento. Madrid capital cumple con estos criterios por lo que las restricciones ya en vigor en 37 zonas de salud deberían transformarse en los próximos días en el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve municipios. Las nuevas limitaciones salvan la enseñanza, la actividad laboral y al mundo rural, muy perjudicado en el anterior confinamiento.

Madrid se pronunció anoche en contra de aplicar las nuevas restricciones. Las tornas cambiaron a lo largo de la mañana, en una postura de Ayuso que contó con el apoyo del líder nacional del PP, Pablo Casado. La justificación del Gobierno regional es que el preacuerdo alcanzado entre Illa y el vicepresidente regional, Aguado, de Ciudadanos, todavía no estaba cerrado del todo. En este viraje Génova intentó incluso improvisar una reunión telemática con sus «barones» para concertar una posición común, pero no llegó a celebrarse a nivel de presidentes autonómicos ni tampoco de todos los consejeros de Sanidad. El plan de Casado para hacer frente común en apoyo de Ayuso y en contra del Gobierno chocó con varios problemas. El principal es que sus presidentes autonómicos no están de acuerdo con la idea de convertir esta crisis sanitaria en un frente PSOE-PP. El frente tiene que ser de «vida contra muerte», señalan. Los barones fijaron su posición en función de las circunstancias de su territorio, así ocurrió con Andalucía, que tomó en cuenta que es la comunidad autónoma con más ciudades de cien mil habitantes, y alegó también que el acuerdo con Madrid no había cuidado el diálogo y la negociación con los demás territorios. Esto, al final, lo que pone en evidencia es que la exigencia de la dirección popular y de Ayuso de criterios comunes no es tan fácil de llevar a la práctica y los mueve a incurrir en contradicciones porque no hay vía de satisfacer a todos a la vez.

Además, los presidentes autonómicos del PP se enfrentan al hecho de que desde mayo vienen pidiendo que haya unas reglas homogéneas en todo el territorio español, y en las últimas semanas han clamado por más coordinación del Gobierno y que “no se quite de en medio”. Esta petición también la abanderó expresamente Ayuso para justificar su negativa a asumir el órdago de Sanidad para que revisase las limitaciones impuestas en 37 zonas de salud y las generalizase a todo Madrid. De la reunión del pasado martes salió la cesión por parte de Sanidad de que haya esos criterios comunes en todo el territorio, a expensas de que fueran aprobados ayer en el Consejo Interterritorial. Los expertos se quejan de que las medidas salen de la política y bajan a los técnicos, en vez de ir en la dirección contraria, pero según las fuentes autonómicas consultadas, en la mayoría de las CC AA reconocen que el paso dado por Sanidad va en la dirección que venían reclamándole, al margen de que pueda y deba haber debate sobre la letra pequeña, como se puso de manifiesto en la reunión del Consejo Interterritorial. «Desde mayo veníamos pidiendo que, a problemas comunes, criterios comunes. Y esto es un buen paso, aunque luego podamos discutirlo», señalan desde una de las consejerías de Sanidad autonómicas que dirige Ciudadanos. El carajal deja en el aire la duda de cuándo se publicará en el BOE la orden ministerial y de si las comunidades afectadas la traspondrán a sus diarios oficiales.

El PP solo gobierna en solitario en Galicia. En las demás comunidades lo hace en coalición con Ciudadanos, y en Madrid cada vez les resulta más difícil ocultar las diferencias de criterio. El vicepresidente Aguado ha buscado hacerse con el papel de mediador en el pulso que mantiene el Gobierno regional con Sanidad. Cs en Madrid no respalda la tensión ni la resistencia del Gobierno regional a asumir el principio de acuerdo alcanzado el martes, aunque hasta ahora haya optado por ir ajustándose a los movimientos que hace el equipo de Ayuso, con prudencia, para ni atarse a ellos, ni tampoco posicionarse enfrente.

La tensión entre Sanidad y Madrid ha superado ya el nivel de paciencia en la mayoría de las sedes autonómicas. Si se contacta con ellas, se constata el hastío con el pulso político, mientras que cada una de ellas sigue adoptando medidas restrictivas para hacer frente al virus. También se escucha la advertencia de que «éste es un problema de salud porque el virus no conoce de ideologías» y la exigencia de que se ponga fin a un «espectáculo delirante». «Realmente, al final va a ser cierto que los gestores somos más un problema que el virus en sí", sentencian en Castilla-La Mancha.