Montero permitirá a las menores abortar sin permiso paterno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció ayer que el Gobierno ya ha comenzado los trabajos para cambiar la ley de interrupción del embarazo –la conocida como «ley Aído», promulgada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010– con el objetivo de derogar la reforma de 2015 del PP para que «todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos». En la reforma de los populares se incluyó que las menores de 16 y 17 años debían tener el consentimiento paterno o de sus tutores legales para poder abortar. Con la enmienda de la ley que pretende llevar a cabo el ministerio de Igualdad los menores no deberán recabar el visto bueno de sus padres para poder abortar.

Los expertos consultados calificaban este anuncio de «incongruencia» porque, de promover el Gobierno esta reforma, desembocaría en el escenario de que cualquier menor de edad podría abortar sin necesidad de obtener el permiso de sus padres, pero no ocurriría así en el caso de que un joven de 16 años quiera contraer matrimonio. Para ello, según la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los hijos deberán obtener el visto bueno de los padres, al igual que, para, por ejemplo, comprar alcohol o tabaco, los menores deben tener 18 años.

Actualmente, tras la reforma de los populares sobre la ley de plazos promulgada en 2010 por Zapatero, las jóvenes pueden interrumpir su embarazo siempre que cuenten con el consentimiento expreso de sus representantes legales, padre y/o madre o tutores. La ley de 2015 establece la posibilidad de abortar libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo. Posteriormente, hasta la semana 22 de gestación, si se da alguno de los dos supuestos siguientes: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o que exista riesgo de graves anomalías en el feto. A partir de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo: El primero se refiere a aquellos casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y aquellos en los que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

La ley que ahora trata de impulsar Igualdad es semejante a la «ley Aído» –conocida así por el nombre de la ministra Bibiana Aído– que permitía (hasta la reforma popular) a las menores someterse al aborto con su único consentimiento, aunque el artículo 13 se establecía que «al menos» uno de los padres o tutores de la gestante «deberá ser informado de la decisión de la mujer». No obstante, sí se permitía «prescinde esta información cuando la menor alegue fundamentalmente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».

La ministra de Igualdad se amparaba ayer en su objetivo de garantizar el derecho «de todas las mujeres a decidir libremente» sobre su cuerpo y su maternidad, así como asegurar el acceso de las mujeres a las mejores técnicas anticonceptivas y a la educación sexual. «Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos», afirmó ante los diputados en el Congreso. En sus palabras, esta ley será una «excelente herramienta» para asegurar la ley de igualdad entre hombres y mujeres para poner fin a la violencia machista. La ministra aseguraba que «reivindicaba» el derecho a todas las mujeres «a decidir sobre sus cuerpos y reivindicamos una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre». Sobre el anuncio realizado por la ministra de Igualdad, no hubo ningún tipo de respuesta por parte del resto del Gobierno. En el pacto de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí se preveía que en la Legislatura se favorecería «el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres» pero no se especificaba concretamente los aspectos de la ley que se modificarían.

ERC LO APOYA

En cuanto al respaldo por parte de la oposición de cara a la medida anunciada, desde ERC mostraron su apoyo absoluto a la modificación. Mientras, desde el PNV, prefirieron ser prudentes y expresaron sus dudas sobre la oportunidad del anuncio de cambiar la ley en estos momentos. Desde el Partido Popular, la diputada Margarita Prohéns, acusó a la ministra de Igualdad de «bloquear» la Comisión durante «cinco meses» y la acusó de «no mover un dedo por las trabajadoras del hogar» o por no atender a los nuevos casos de abuso sexual a menores tuteladas denunciadas en Baleares.

Mientras, desde el partido de Santiago Abascal, Vox, la portavoz en la comisión, Lourdes Méndez, cargó también sobre la idoneidad del escenario actual ante la pandemia del coronavirus. Criticó a la ministra por «enfrentar a hombres y mujeres» poniendo en marcha una «agenda supremacista de mujeres», acusó a Irene Montero también de introducir «leyes con ideología de género en los colegios» y de generar «confusión» sobre lo que es ser una mujer.