Sánchez visita el Hospital de La Paz con su maletín anti-balas ante las posibles protestas

La primera visita de Pedro Sánchez a un hospital desde que arrancó la pandemia estuvo ensombrecida por los abucheos que tanto él como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recibieron a su llegada al centro hospitalario madrileño. Una veintena de personas se congregaron allí y mostraron su descontento con la gestión de la pandemia mediante abucheos, mientras que, por el otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida fue recibido por aplausos y vítores.

Más allá del recibiendo, durante la breve visita que realizó al Hospital La Paz llamó la atención un detalle que no ha pasado desapercibido. Uno de los escoltas del Presidente cargaba el maletín anti-balas que ya usó el presidente hace un año durante su visita hace un año a la ciudad de Barcelona.

No solo el Presidente acudió con su escolta y el mencionado maletín, también se puedo ver al ministerio de Sanidad, Salvador Illa, escoltado por su escolta con el mismo gadget.

Pese a ser medidas que siempre acompañan al presidente y otros miembros de Gobierno, muchas de las miradas se centraron en este gadget. Expertos en seguridad explican a LA RAZÓN que ante una visita a un lugar público, el equipo de seguridad del presidente realiza un «briefing» para evaluar las necesidades tanto de vehículos como de personal. «Se acomoda a la peor de las hipótesis», señalan.

Esta herramienta «forma parte de la dotación habitual del presidente y del Rey», entre otras personalidades. Fabricado en Kevlar, aparentemente es un maletín de ejecutivo que, en caso de necesidad, se despliega y contiene un escudo flexible para proteger de pies a cabeza a una persona, o a varias, si fuera necesario.

Lo vimos extendido hace dos años en Venezuela, cuando el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un ataque con drones. También el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro o el ex presidente norteamericano, Barack Obama, los usan con frecuencia. Existen varios fabricantes que lo comercializan en España ya sea a la administración pública o a centros de distribución, con un precio que oscila entre los 500 y 1.500 euros, según indican.