Balance de Iglesias: blindado en Moncloa por la pinza con ERC y Bildu

El balance que hace Unidas Podemos sobre su primer año político en Moncloa es calificado como “satisfactorio” entre sus ministros y altos dirigentes de la formación. Si miran hacia atrás se muestran confortados y respaldados incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No así por otros compañeros de gabinete socialistas. A pesar de su “modesto peso” en el Ejecutivo, en palabras del vicepresidente, presumen de su capacidad de influencia para marcar la agenda política, y sobre todo la social, en el Consejo de Ministros.

Las cuentas de resultados, dicen, les salen a gananciales, después de haber logrado salir victoriosos de batallas de calado, a pesar de que ello les haya conllevado a librar ataques frontales con varios ministros socialistas. Es ahí donde más satisfactorios se encuentran al lograr rédito político de los acuerdos que han ido logrando desbloquear en este primer año: Escudo social en plena pandemia, Ingreso Mínimo Vital, subida del SMI, llegada de los ERTES, paralización de los desahucios y cortes de suministros. Guerras internas que finalmente siempre son apagadas en el despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reuniones privadas con el vicepresidente Iglesias, donde rebajan las tensiones. Finalmente, la fotografía de la que presumen los morados es de “torcer el brazo” al ala socialista.

No han rehusado el debate con la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a cuenta de la polémica ley de Libertades Sexuales. Al ministro de Justicia le señalan por haber “incumplido” su promesa de culminar la reforma del delito de sedición antes de final de año y le presionan para acelerar los indultos a los líderes del procés antes de las elecciones catalanas. Con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, reconocen que la interlocución es difícil, al asumir “posiciones más ortodoxas y cercanas a las élites económicas”. Tampoco se han amedrentado ante las llamadas a la “inteligencia política” de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, en reiteradas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de cada martes, o a la petición de lealtad de la ministra de Defensa, Margarita Robles. A esta última, la acusaron incluso de ser “la ministra favorita” de PP y Vox. A la ministra de Educación, Isabel Celaá, llegaron a descalificarla por su “falta de liderazgo” con la operación vuelta a las aulas seguras en plena pandemia. El último encontronazo público fue con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, a quien acusaron de paralizar el decreto para paralizar los cortes de suministros.

Los morados, se apuntan, además, el tanto de haber sido los interlocutores que hicieron posible la operación de un bloque de investidura en UCI para rearmarlo y reconducirlo para dar luz verde a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El vicepresidente se ve blindado en Moncloa al consolidar el bloque de legislatura con la pinza de ERC y Bildu. Una suerte de “seguro de vida” político para garantizar su estabilidad e influencia tanto dentro del Gobierno, y con el PSOE, y también en el Congreso de los Diputados. Una de las mejores baluartes también de la referencia de Unidas Podemos en el Gobierno es la solvencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha logrado hasta seis acuerdos sociales con los sindicatos y la patronal, y quien encara ahora el reto de Unidas Podemos de subir el Salario Mínimo Interprofesional, una nueva batalla que tratan de frenar los ministerios económicos, encabezados por Nadia Calviño.

Sin embargo, en Unidas Podemos reconocen a día de hoy, que su capacidad de influencia, una vez aprobados los PGE puede mermar. Es por ello, que, los morados no rehusaran en los próximos meses en seguir con su estrategia en dos sentidos con el fin de que se siga notando la cuota morada en el Gobierno. Uno; reincidir en la presión pública cuando una cuestión que consideren clave se atasque en la mesa del Consejo de Ministros. Desde Unidas Podemos aseguran que este modo de proceder ha sido efectivo durante el primer año en el Gobierno y que todas las discrepancias se han salvado antes gracias al empuje de la cuota morada.

El segundo de los objetivos, para mantener su autoridad en Moncloa, será el de focalizar todos los esfuerzos, a partir de ahora, en el cumplimiento íntegro del acuerdo de coalición, una especie de salvavidas tanto para tratar de atar al PSOE al programa social morado como para tratar de rentabilizar su estancia en el Gobierno en un momento en el que las encuestas demoscópicas señalan una pérdida importante de músculo electoral. Para ello están dispuestos a seguir visibilizando las discrepancias, e incluso, llaman al “conflicto político”, en palabras del vicepresidente, para reivindicar la necesidad de que los sindicatos y colectivos sociales hagan de portavoz de sus reclamaciones en la calle. Una manera de presionar así, tanto desde dentro de Moncloa como desde fuera de las instituciones. “Un pie en la calle y otro en las instituciones”, fue la primera premisa de los morados al llegar al Congreso de los Diputados en 2015.