La abogada de Podemos denuncia la destrucción de pruebas: “Han borrado mensajes que podrían comprometerles”

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha informado al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación ilegal de la formación liderada por Pablo Iglesias, que tras su cese y el despido del ex coordinador jurídico del partido José Manuel Calvente “algunos miembros de Podemos han borrado mensajes de Telegram que podrían comprometerles, lo que constituye desde mi punto de vista un acto de destrucción de pruebas para ocultar los hechos presuntamente fraudulentos cometidos”.

Así consta en un escrito de 20 de enero, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que la que fuera máxima responsable del cumplimiento de la legalidad en Podemos aporta al magistrado la documentación que el propio Escalonilla le reclamó sobre sus investigaciones “sigilosas” de las supuestas irregularidades que había detectado antes de que fuera despedida de forma fulminante.

Para el magistrado la destitución de Carmona es muy relevante de cara a mantener imputado a Podemos como persona jurídica: “Porque además de infringir la autonomía de dicho órgano del partido político, resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales”, especifica un auto de 12 de enero.

Precisamente, en el escrito Carmona destaca que su cese, “justo cuando estábamos investigando irregularidades en el partido, además de otras circunstancias concurrentes, me confirmaron que había sido tratada por los dirigentes de Podemos como una figura meramente cosmética para aparentar la existencia de un modelo de prevención de delitos dentro del partido, pero sin vocación alguna de implementarlo de forma eficiente”.

“Mi propio ordenador”

De hecho, prosigue la todavía abogada de la formación morada, tuvo que realizar su trabajo “sin las herramientas adecuadas para ello, utilizando mi propio ordenador personal porque no me facilitaban un ordenador portátil —como tenían todos los empleados que trabajaban desde el domicilio— y sin disponer de una aplicación informática de gestión de expedientes, además de no recibir la información interna necesaria para poder realizar mi trabajo”.

Por ello, los expedientes de investigación que aporta al juez, explica Carmona, están formados por los documentos que pudo recopilar durante las investigaciones internas, por las transcripciones de anotaciones manuscritas sobre conversaciones que habría mantenido con sus confidentes, con Calvente y con algunos miembros del partido: “Además de algunos mensajes de Telegram que no han sido borrados por los miembros del partido y de los que he podido hacer capturas”, dice el escrito.

En este sentido, en el auto de 12 de enero el juez Escalonilla rechazó la pretensión de Podemos de archivar su imputación al considerar que el programa de cumplimiento normativo del partido “noresulta eficaz, lo que determina que siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido”, especifica la resolución.

La letrada también denuncia en su escrito que tras su destitución en diciembre de 2019 Podemos “bloqueó” su acceso a la cuenta de correo electrónico de Cumplimiento Normativo y a la intranet del partido: “A pesar de que yo seguía siendo empleada, porque a mí no me despidieron sino que me cesaron en el cargo y redujeron mi jornada laboral”, explica.

A disposición judicial

Y al bloquearle el acceso a la intranet, prosigue Carmona, le estaban impidiendo el acceso a los documentos que pudiera haber tenido guardados en el sistema informático del partido: “Afortunadamente, al usar mi ordenador puede cumplir mi obligación de conservar los documentos de mi actuación profesional para ponerlos a disposición de la autoridad judicial”, advierte.

“Tal y como declaré”, prosigue Carmona en el documento dirigido al juez, “algunos miembros del Consejo de Coordinación sabían que se estaban cometiendo irregularidades financieras, y otros lo sospechaban, pero en ambos casos decidieron mirar para otro lado, a pesar de que les envié un escrito el 3 de diciembre de 2019 advirtiendo de los riesgos”.

Por eso esta abogada sostiene que estos cargos de Podemos se convirtieron “en cómplices de las irregularidades desde el momento en que sabiendo que la responsable de Cumplimiento Normativo estaba investigando presuntos delitos, ni tan siquiera se interesaron por saber de qué se trataba, prosiguieron con los ceses y contribuyeron con su silencio y pasividad al bloqueo de las investigaciones y a evitar la depuración de responsabilidades.