El juez cree que Podemos desvió fondos a través de Neurona a una empresa mexicana

El magistrado constata que el programa de cumplimiento normativo del partido “no resulta eficaz”

Pablo Iglesias, Pablo Fernández, Dolores Martín-Albo, Isabel Muñoz y Juan Manuel del Olmo en un acto en Valladolid
Pablo Iglesias, Pablo Fernández, Dolores Martín-Albo, Isabel Muñoz y Juan Manuel del Olmo en un acto en Valladolid

No ha lugar a acordar el sobreseimiento, ni provisional, ni mucho menos libre de la presente causa respecto de Podemos”. Así de contundente se muestra en un auto de 12 de enero el juez que investiga la presunta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias, Juan José Escalonilla, que le había reclamado que cerrara la causa abierta tras la denuncia presentada por el ex coordinador jurídico de la formación José Manuel Calvente.

El instructor, que recuerda que investiga “la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partidos políticos tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, del que el partido político Podemos puede ser responsable penal”, destaca en su resolución que existen indicios de que el acuerdo suscrito por Podemos y Neurona Comunidad el 25 de febrero de 2019 “se trató de un contrato simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting”.

De la propia conducta objeto de investigación”, prosigue el auto, “se infiere que dicha presunta distracción de dinero a dicha sociedad vinculada a Neurona Consulting no era en sí mismo el fin de dicha operación, sino que respondía a otra finalidad distinta”. Escalonilla recuerda después que el denunciante, José Manuel Calvente, asegura que la finalidad de la contratación de la consultora sudamericana “podía ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio partido político Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido en 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan”.

Financiación ilegal

El magistrado rechaza la pretensión de Podemos de archivar su imputación ya que considera que el programa de cumplimiento normativo del partido “no resulta eficaz, lo que determina que siendo objeto de investigación en la presente causa la posible comisión por parte de cargos ejecutivos de dicho partido político de un presunto delito de financiación ilegal, de existir indicios de la comisión de dicho delito resultaría igualmente responsable penal dicho partido”, especifica el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Tanto la gerente, Rocío Val, como el tesorero como el responsable económico-Financiero, Daniel de Frutos, especifica el magistrado, “eludieron” informar a la responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, de la contratación de la mercantil Neurona Consulting, a través de la sociedad Neurona Comunidad S.L. para la prestación de servicios tanto en las elecciones generales como en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid: “Hasta el punto de que tuvo conocimiento de dichos hechos a través de empleados de dicho partido político, abriendo expedientes para su investigación”, dice la resolución.

“Incumplimiento” de los dirigentes

Lo anterior resulta claramente expositivo del incumplimiento por parte de las principales figuras ejecutivas de dicho partido político”, prosigue el juez, “del propio modelo de organización y de prevención, lo que determina que difícilmente pueda entenderse que dicho programa resulta eficaz, siendo además claro reflejo de la inexistencia dentro de dicho partido político de una verdadera cultura de cumplimiento”.

A todo lo anterior, relata el auto, cabe añadir el cese fulminante en cuanto se tuvo conocimiento de las investigaciones llevadas a efecto por la responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, y el delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente: “Lo que además de infringir la autonomía de dicho órgano del partido político, resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales”.

El instructor se apoya en la Fiscalía General

El auto de 12 de enero en el que el juez Juan José Escalonilla mantiene imputado a Podemos como persona jurídica recurre a una Circular de 22 de enero de 2016 de la Fiscalía General del Estado que pone de manifiesto que un modelo de organización y gestión, además de tener eficacia preventiva, debe posibilitar la detección de conductas criminales e imponer «la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención». Además, el Ministerio Fiscal destaca que «cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección de la compañía». De esta forma, el comportamiento y la implicación de «los órganos máximos del partido y de las personas encargadas de su gestión en los diversos ámbitos, son claves para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Por eso, prosigue el juez aludiendo al ministerio público, «si los principales responsables de la entidad incumplen el modelo de organización y de prevención o están recompensando o incentivando directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa» y los partidos.