El PP insta al tribunal a evitar que el juicio se convierta en un “circo mediático”

La defensa del PP en el juicio por la “caja B” del partido ha pedido al tribunal que evite que la vista oral se convierta en un “circo mediático” por la pretensión de las acusaciones populares, entre ellas el PSOE e IU, de utilizarlo -ha dicho- para “desgastar” políticamente a la formación que lidera Pablo Casado. El abogado Jesús Santos ha denunciado en su turno de cuestiones previas las “vinculaciones políticas” de las acusaciones populares y ha negado su legitimidad para ejercer la acusación por lo que ha calificado como su finalidad “espuria” que persigue, ha dicho, una investigación general contra el PP, que se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario del supuesto fraude tributario por el pago con dinero negro de parte de las obras de reforma de la sede del partido en Madrid entre 2005 y 2010.

El letrado -ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional- ha esgrimido 19 resoluciones de distintos órganos judiciales que, ha subrayado, no han dado “ninguna credibilidad o verosimilitud” a las declaraciones de Luis Bárcenas, quien tras su última confesión en la que señala a Mariano Rajoy dice estar dispuesto a colaborar con la Justicia.

El abogado ha alertado al tribunal -que preside el magistrado José Antonio Mora- de los “riesgos de que una sala de justicia se convierta en un circo mediático o en un campo de batalla política” y ha recordado que diferentes anteproyectos legislativos de gobiernos “de distinto signo político” han abogado por excluir a “los partidos políticos y los sindicatos del ejercicio de la acción penal”.

Lo ha hecho antes de poner de manifiesto “las vinculaciones políticas” de las acusaciones populares y subrayar las “penas desorbitadas”, de hasta 30 años de cárcel, que incluyen en sus escritos de acusación. Y tras llamar la atención sobre el hecho de que el abogado de IU que ha participado en esta instrucción es ahora diputado de Unidas Podemos (en referencia a Enrique Santiago) y que otras tres acusaciones se ejercen en nombre de “un ex concejal socialista de Boadilla del Monte”, del que fuera “portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas” y de ADADE, asociación de la que ha dicho, citando una resolución judicial, “se encuentra plenamente incardinada en la vida del partido socialista”. Por último, ha aludido a los “vínculos” del abogado del Observatori Desc con Junts per Catalunya y al hecho de que su letrado, Gonzalo Boye, es también el abogado de Carles Puigdemont.

El abogado del PP ha criticado también que se vaya a escuchar como testigos a exaltos cargos del PP (entre ellos el expresidente Mariano Rajoy) en relación al supuesto pago de sobresueldos que “no forman parte del objeto del proceso” y que solo buscan -denuncia- el “desgaste y escarnio del adversario político para conseguir el titular mediático del día y convertir este tribunal en un circo mediático”. Un empeño al que -ha reprochado al abogado del extesorero- “viene a contribuir la defensa del señor Bárcenas con la petición de citación de periodistas y nada menos que de un careo con el señor Rajoy”.

Instrumentalizar el proceso penal

Para el PP, lo que pretenden las acusaciones populares es “el desgaste del adversario político, instrumentalizando el proceso penal como han hecho en otros procedimientos que han sido archivados”. Algo que, se ha quejado, provocaría una “lesión injustificada en el derecho al honor” del PP, vulneraría además el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y provocaría indefensión al partido.

El letrado también ha criticado los “patentes errores” del auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado José de la Mata en 2015 por permitir los “excesos y extralimitaciones” de la acción popular en sus escritos de acusación. Y es que considera que acusan por hechos que ya han prescrito o que fueron sobreseídos por falta de indicios, e incluso por delitos que no estaban en vigor en el momento de los hechos objeto de enjuiciamiento, por lo que ha pedido al tribunal que acuerde la nulidad parcial de esa resolución y que inste a las acusaciones populares a reformular sus escritos, reevaluando a continuación la idoneidad de la prueba propuesta.

Santos ha calificado de “sonrojante” las “extralimitaciones” en las que habrían incurrido las acusaciones populares por la imputación de delitos extramuros del auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento), éste del juez Pablo Ruz, quien llevó el peso del grueso de la investigación sobre la “caja B” del PP. Y en esa misma línea ha criticado que se haya permitido a IU imputar un delito de organización criminal “que no estaba vigente en el momento en que se produjeron los hechos”, así como “infamante” que esa formación mantuviese que el PP es una organización criminal “desde su fundación” e impute un delito de influencias “sin citar a un solo funcionario o autoridad pública”.

Delitos “prescritos”

El PP considera que las acusaciones populares no pueden acusar de los delitos de asociación ilícita, organización criminal, falsedad documental y contable, blanqueo, trafico de influencias y delito electoral, y tampoco imputar al PP delitos fiscales (por el Impuesto de Sociedades de 2008 en relación a los supuestos pagos en negro a Unifica por la reforma de la sede del PP) , al no estar legitimadas para ello, pues tampoco lo hacen ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que actúa en representación de la Agencia Tributaria. En todo caso, ha recordado (al igual que sostiene la Fiscalía) que desde la aprobación en 2007 de la Ley de Partidos Políticos, las donaciones “están exentas de tributación”.

El letrado ha hecho referencia a cinco informes de la Agencia Tributaria, el último aportado hoy mismo por la Fiscalía, que concluyen que las anotaciones de los papeles de Bárcenas “carecen de relevancia tributarias respecto al Impuesto de Sociedades de 2007 y 2008”. “Sería la primera vez en la historia judicial de este país”, ha alertado, de que se permitiera mantener una acusación por delito fiscal haciendo “caso omiso” de cinco informes de Hacienda y sin que Fiscalía ni Abogacía del Estado adviertan indicios de delito.

La defensa del PP ha instado al tribunal a evitar “una investigación general con efectos perversos” contra el partido, haciendo hincapié en la doctrina del Tribunal Constitucional que concluye que “no caben investigaciones prospectivas en la fase de instrucción”, y “con mayor razón”, ha añadido, en un juicio.

Al mismo tiempo, se ha quejado de que las acusaciones populares hayan promovido la citación de numerosos testigos “que ni siquiera han pasado por la fase de instrucción”, una pretensión que considera “absolutamente injustificada”. En relación a 31 de ellos, se ha quejado, “no dan el más mínimo dato de por qué tienen que ser llamados al juicio”.