Montero tendrá que asumir las objeciones a su ley del «Solo sí es sí»

El presidente del Gobierno aseguró ayer en presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la ley del «solo sí es sí» se aprobará «en breve» espacio de tiempo. Sin embargo, el proceso es más complejo que la inmediatez en la que Pedro Sánchez lo ha querido simplificar y no se espera que el Consejo de Ministros le de plácet, al menos, hasta el mes de abril. Posteriormente, tendrá que iniciar su tramitación parlamentaria. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se alumbró a toda prisa hace justo un año, para que el anuncio estuviera listo coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo de 2020.

Entonces, fue el primer punto de fricción, que abrió la veda de la conflictividad entre Irene Montero y Carmen Calvo. Tanto la vicepresidenta primera como el ministro de Justicia Juan Carlos Campo hicieron frente común y pusieron coto a las prisas de Igualdad, ante un texto que consideraban que tenía graves deficiencias jurídicas. Una maniobra por la que a Campo le llegaron incluso a tachar de «machista» desde Podemos. Una situación similar se está produciendo a día de hoy con la Ley Trans.En Moncloa dan prioridad a la «seguridad jurídica» y a la «calidad normativa» frente a la «urgencia» de Montero por alumbrar legislaciones efectistas mirando el calendario.

En esta línea de solventar las lagunas jurídicas, Moncloa revisará la Ley de Libertad Sexual que, un año después, sigue inmersa en la burocracia que lleva aparejada la norma. Esta revisión es el trámite debido, que confirman fuentes gubernamentales, con el objetivo de incluir las objeciones que han planteado los órganos consultivos que se han pronunciado sobre la legislación. Sus informes no son vinculantes, pero las citadas fuentes aseguran que deben tenerse en cuenta. En concreto, para evitar posibles recursos futuros en los tribunales, donde están seguros que se tendrá que lidiar con los partidos de la derecha. Hasta ahora han emitido su juicio sobre la norma el Consejo Fiscal, que lo hizo por unanimidad en sentido favorable, y el Consejo General del Poder Judicial que, sin embargo, fue muy crítico con el texto. Queda pendiente el Consejo de Estado.

El CGPJ consideró que la ley lejos de dotar de mayor protección a las víctimas de delitos sexuales, las desprotegía, y que invierte la carga de la prueba. «La creación en el artículo 178 del Código Penal de una única categoría delictiva de agresión sexual que aglutina lo que hoy constituyen dos tipos distintos, el de agresión sexual y el de abusos sexuales, conlleva una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad». Por su parte, la ministra Montero se mostró muy crítica con la calificación del CGPJ a su norma y cargó contra él en una entrevista reciente en la que despreció su criterio: «Si fuese por el CGPJ no habría ley contra la violencia de género ni matrimonio igualitario».

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que se revisará el texto, una vez que se reciba el informe del Consejo de Estado, órgano consultivo que también debe pronunciarse. Entonces, volverá al Ejecutivo y tendrá que pasar de nuevo por el Consejo de Ministros. Un trámite en el que podrían volver a reavivarse las tensiones entre Calvo, que reivindica su capacidad para revisar los textos e incluir aportaciones de otros ministerios, y Montero, reticente a incorporar algunas de las objeciones que ya ha hecho el CGPJ. Superado el aval del Consejo de Ministros, el texto pasaría al Congreso para comenzar entonces la tediosa tramitación parlamentaria. Unos trámites alejados de las urgencias de Montero.

Unas prisas que Sánchez intentó aplacar ayer en su primer acto conjunto con la ministra de Igualdad. Un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que el PSOE reivindicó así parte del protagonismo, sin permitir que los morados lo capitalizaran en exclusiva. De hecho, el presidente sacó pecho de los logros de su Gobierno en materia de igualdad en plena pandemia al recordar que, durante este año, pese a la crisis sanitaria, se ha aprobado el Real Decreto de Igualdad Salarial, el permiso de paternidad que equipara su baja con la de las mujeres o el aumento de salario mínimo vital.

Además, recordó que hoy llega al Consejo de Ministros el Plan Corresponsables de Igualdad para familias con niños menores de 14 años. «Hemos intensificado la lucha por la igualdad, con hechos», subrayó Sánchez, al tiempo que se dirigió hacia la ministra Montero para decirle que «estoy convencido de que muy pronto vamos a poder aprobar la ley del sí es si». No en vano, y pese a la existencia de este Ministerio y las palabras del presidente, no se ha aprobado ninguna ley durante el primer año de vida de la cartera de Igualdad. «Daremos muchos pasos hacia adelante a lo largo de la legislatura, hasta 2023, cumpliendo con nuestra agenda, sin hacer caso a tanto ruido. Unidas con hechos. Porque, en este Gobierno, la igualdad son hechos», reivindicó el presidente Sánchez, dando por hecho que no habrá, por lo tanto, un adelanto electoral.

El jefe del Ejecutivo volvió a arrogarse el movimiento 8-M en exclusiva para la izquierda, reivindicando «más feminismo que nunca», mientras advertía de que «no podemos obviar otra amenaza: la reaparición de la ultraderecha, con su machismo descarnado». «La ultraderecha es una fuerza de retroceso a los tiempos de la sumisión al padre, al marido y al jefe», sentenció.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló que «siempre ha habido mujeres sosteniendo la vida y en primera línea de conquista de los derechos que hoy tenemos, lo que no ha habido siempre son gobiernos dispuestos a reconocer la hipocresía de nuestra economía y nuestra sociedad». En su discurso la titular de Igualdad criticó «la hipocresía del sistema», que no pone en valor «el papel de las mujeres en la sociedad», al tiempo que ha asegurado que son muy pocos los Gobiernos «dispuestos a reconocer las desigualdades y las violencias» a las que ellas se enfrentan.