Cándido Conde-Pumpido, el magistrado díscolo

Ha causado un enorme revuelo en el seno del Tribunal Constitucional y un conflicto entre sus propios compañeros. Cándido Conde-Pumpido, a quien nadie puede negarle su gran experiencia jurídica, ha estado en el ojo del huracán por sus desafortunados y, hasta ahora sin precedentes, comentarios hacia la sentencia del ponente, Pedro González-Trevijano, contra el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia. “Es extravagante, propia de un lego y un jurista de salón”, llegó a decir Pumpido en una nota filtrada a los medios de comunicación.

Curiosamente, luego el ex Fiscal General del Estado hubo de retractarse y tales expresiones no aparecen en su voto particular. Pero el escándalo fue de campeonato y el propio Cándido se vio obligado a emitir un comunicado aclaratorio en el que se escudaba en un borrador interno del TC. Criticó esa filtración en su opinión, “interesada”, y reafirmó su orgullo y satisfacción de trabajar con unos compañeros de prestigio, sólidos juristas, enfocando la discrepancia “dentro del ámbito propio del debate jurisidiccional”.

El malestar fue de envergadura en el seno del TC, mucho más cuando algunas fuentes indicaron fuertes presiones del gobierno contra su presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta Encarnación Roca, alineada contra el estado de alarma. Durante unos días los rumores, dimes y diretes cruzaron la sede del Tribunal, en la madrileña calle de Doménico Escarlatti. La encargada de arremeter contra la sentencia fue la recién nombrada nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, quien defendió la actuación del Ejecutivo “con el único fin de salvar vidas”.

En medios jurídicos el enfado era profundo, ante lo que consideran una injerencia del poder político en las Instituciones. Por ello, Cándido Conde-Pumpido tuvo que recular e insistir en la solvencia e integridad de sus compañeros. No es la primera vez que este veterano magistrado progresista, activista de los derechos humanos, fundador de Justicia Democrática y Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, se ve envuelto en polémicas sin ocultar nunca sus claras simpatías hacia el PSOE.

Cándido Conde-Pumpido-Turón pertenece a una larga saga de juristas gallegos, nacido en La Coruña, es hijo del fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo, y nieto del magistrado del mismo nombre, presidente de las Audiencias Territoriales (antecedentes de los actuales Tribunales Superiores de Justicia), de La Coruña, Valladolid y Valencia. Se licenció en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela y ejerció sus primeros puestos como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y en Carballino (Orense).

Consolidación en “los años de plomo” de ETA

Pero su consolidación profesional en la carrera la forjó en el País Vasco, como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián durante cinco años, desde 1981 a 1985, considerados “los años de plomo”. Fueron los más violentos por los crueles atentados de la banda terrorista ETA y las respuestas de la llamada “guerra sucia” perpetrada por el GAL. Allí fue dónde Cándido se fogueó como juez y coincidió con otros compañeros que apostaron por la permanencia en Euskadi cuando entonces lo habitual era solicitar el traslado a demarcaciones más tranquilas.

Entre los jóvenes jueces de aquel tiempo estaban Juan Alberto Belloch, luego ministro de Justicia e Interior con Felipe González, Joaquín Giménez, presidente de la Audiencia de Bilbao, Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional y vicepresidente del Tribunal Supremo, y Javier Zaragoza, posteriormente fiscal jefe de la Audiencia Nacional y hoy fiscal de Sala del Tribunal Supremo. En los años del comienzo de la “guerra sucia” contra ETA en el sur de Francia Conde-Pumpido fue uno de los primeros jueces que condenó a personajes relacionados con aquellas prácticas como el comisario Manuel Ballesteros, a propósito del ametrallamiento del bar Hendayais que produjo tres muertes y nueve heridos.

En la Audiencia Provincial de San Sebastián dictó la primera sentencia por un delito de torturas, una vez que la competencia de estos delitos pasó de la jurisdicción militar a la ordinaria. Fundó, junto a su amigo Juan Alberto Belloch, la Asociación pro Derechos Humanos en el País Vasco, la de Magistrados Europeos por las Libertades, y la asociación profesional progresista Jueces para la Democracia. También ejerció como profesor en la Facultad de Derecho de Ibaeta, dónde en octubre de 1980 fue asesinado por ETA su compañero docente Juan de Dios Doval.

Condenó a Roldán y Barrionuevo

Desde su llegada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo acrecentó su protagonismo profesional. Por su condición también de economista se especializó en delitos fiscales contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, y por sus manos pasaron sentencias tan conocidas como el envenenamiento por el aceite de colza, el derrumbamiento de la presa de Tous, ponente de las sentencias que condenaron por prevaricación, cohecho e injurias a tres presidente autonómicos, el navarro Gabriel Urralburu, el cántabro Juan Hormaechea, y el de Melilla, Ignacio Velázquez.

En materia de guerra sucia formó parte del grupo de magistrados que condenaron al ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y al ex ministro del Interior, José Barrionuevo, por el secuestro de Segundo Marey. En abril de 2004 fue nombrado Fiscal General del Estado, cargo que repitió en un segundo mandato. Allí modernizó la institución, reforzó la Fiscalía Anticorrupción y fue un firme defensor de la política antiterrorista llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero que condujo a la tregua y posterior abandono de las armas de ETA, lo que le valió duros ataques de la oposición conservadora. Conde-Pumpido nunca ha sido un magistrado cómodo, sino díscolo, aunque nadie pone en duda su dilatada experiencia y su solvencia jurídica.

En su vida personal, es padre de tres hijos, el más conocido el mayor, Cándido, abogado de personajes polémicos como el inhabilitado juez Elpidio Silva, o el bailarín Rafael Amargo. Casado en segundas nupcias con Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y Consejera del Poder Judicial, muchos en la judicatura le atribuyen maniobras para colocarla como vicepresidenta del Supremo si Juan José González Rivas hubiera alcanzado la presidencia. La maniobra no prosperó, la renovación del CGPJ sigue estancada desde hace dos años, y Rivas es hoy presidente del Tribunal Constitucional. Un alto organismo en el que, como dicen muchos de sus compañeros, Cándido Conde-Pumpido tampoco se ha quedado quieto.