Aragonès se la juega a Moncloa

El Gobierno asume que la ausencia del presidente de la Generalitat en el foro multilateral hará que «todo vaya más lento» con Cataluña

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con la diputada de la CUP Dolors Sabater, a su llegada a un Pleno del Parlament el pasado jueves
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con la diputada de la CUP Dolors Sabater, a su llegada a un Pleno del Parlament el pasado juevesDavid ZorrakinoEuropa Press

El orden del día de la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo viernes, que ha llegado hasta ahora a las sedes autonómicas, es una sucesión de discursos de todos los presidentes que se desplacen hasta Salamanca. El segundo lugar, tras el lendakari, está reservado para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, después de la intervención inicial del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Es un formato inútil, pero que no es nuevo, y que manifiesta el riesgo de que esta cumbre autonómica no pase, una vez más, de ser una foto institucional, en la que se escuche más la queja que el acuerdo, al menos por parte de aquellas comunidades que no están bajo control del PSOE. Desde la Generalitat ya han preparado el terreno para justificar, como es tradición, su ausencia en un foro multilateral que equilibra a todas las comunidades al mismo nivel.

La única excepción a esta regla la hicieron durante los momentos más duros de la crisis sanitaria. Y aunque esta ausencia era más que esperable, el contexto de la negociación del Gobierno con la Generalitat, y los indultos a los líderes del «procés», dan un valor especial al plante de Aragonés.

En el discurso oficial de Moncloa se intenta poner sordina al enfado, si bien en privado sí dicen en el Gobierno que el desplante de Aragonés indica que con Cataluña «todo será lento». «Será difícil avanzar en el tema Puigdemont. Habrá que conformarse con un dejarlo estar, sin sustos», sentencian fuentes conocedoras de la marcha del diálogo.

Esto no cambia la previsión de la reunión de la «mesa» bilateral, pero sí añade otra dosis más de realismo a las expectativas sobre la nueva fase en las relaciones entre Gobierno y Generalitat. Aragonés sí acudió a la última reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos de octubre del año pasado, pero en calidad de vicepresidente en funciones.

Al plante simbólico de Aragonés se suma la queja de los presidentes autonómicos del PP por razones de forma y de contenido. No hay acuerdo sobre la organización de la cumbre porque dicen que se incumple el reglamento, que no saben «ni de qué se va a hablar ni qué documentación necesitan ni ha habido reuniones técnicas» para aclarar todos estos supuestos. Acuden con la crítica preventiva de que «es un monólogo de Sánchez», y que en la distribución de los fondos europeos «no habrá criterios de reparto proporcional por territorios, sino que Sánchez los utilizará para beneficiar a sus amigos».

Este clima no anticipa una cumbre con resultados, a pesar de que la Conferencia de Presidentes tiene tres retos por delante de importantes consecuencias para el devenir de los futuros equilibrios territoriales. Sería buena su consolidación institucional en la etapa post-pandemia, y no parece que vayan a ir por ese camino las conclusiones de la reunión. Sería bueno también que fuera el inicio de un proceso acordado de cogobernanza real de los fondos europeos.

El dinero ya está empezando a llegar y los barones del PP tienen que posicionarse dentro de las reglas de juego establecidas por el Gobierno. Sánchez debería hacerles cómplices de la cogestión, y la dirección popular debería renunciar a hacer de este asunto otra batalla estrictamente política y electoral en el cuerpo a cuerpo con la oposición de Vox.

El reparto del dinero otorga a Moncloa un importante poder, pero está por ver si es el bálsamo de Fierabrás que ponga sordina a todas sus debilidades y que le ayude a reconciliarse con los dos costaleros imprescindibles que necesita para sostener la legislatura, el PNV y ERC.

En el Gobierno consta el cansancio de los nacionalistas vascos con la forma de gestionar de Sánchez. Las decisiones que han acompañado al final del estado de alarma han terminado por acentuar un desgaste que el PNV matiza en público, pero no en privado. A Sánchez le ha llegado la desconfianza creciente de su socio más estable, y con quien comparte, además, el Gobierno vasco, y su enfado con la escasa concreción de las palabras en hechos. El PNV no quiere más promesas ni puestas en escena como las de ERC, quiere que llegue el dinero y que se cumplan los compromisos que a día de hoy «no se están cumpliendo».

La ventaja para Sánchez es que los sondeos coinciden en negar que sea posible una alternativa sin Vox. El PNV nunca podrá apoyar un Gobierno de Pablo Casado de coalición con Santiago Abascal, ahora que las encuestas dicen que estos dos partidos están en condiciones de conseguir juntos la mayoría necesaria para investir a Casado. Pero el PNV sí podría respaldar un Gobierno en solitario del PP si Sánchez no corrige «la sensación de desgobierno y falta de palabra» que hoy preside su relación con Ajuria Enea.

En el lado catalán, Moncloa confía en que la tensión verbal siga dejando margen para que, a base de duras negociaciones, los de ERC acaben avalando sus medidas en el Congreso, como ocurrió esta pasada semana con la reforma de los interinos. También en la Generalitat admiten, bajo el ruido de sables, que su voluntad es ser capaces de conseguir esos acuerdos siempre que puedan vender luego en Cataluña que han doblado con más o menos fuerza el brazo al Gobierno central. ERC sabe que la independencia es un mantra hoy imposible, aunque no puede dejar que se lo quiten los de Puigdemont. Y su pelea para mantenerse en la Generalitat está en asegurarse a la vez una agenda social y de recuperación económica que Junts olvidó en la etapa de Quim Torra.

En cuanto a la relación del Gobierno con los presidentes autonómicos del PP, la victoria de Isabel Diaz Ayuso en la Comunidad de Madrid la da más poder para marcar el paso territorial. Y ya lanzó esta semana el primer aviso al anunciar que ésta sería la última Conferencia de Presidentes en la que participe si el Ejecutivo no cumple con su reglamento.