Luz sobre las empresas públicas de Andalucía

El primer Gobierno no socialista de Andalucía entró en enero de 2019 con una promesa sobre la mesa: auditar el sector público instrumental dependiente de la Junta de Andalucía. En total 92 entidades, agencias públicas y fundaciones sobre las que durante años pesó un oscurantismo inexplicable, sin que los distintos gobiernos socialistas ofrecieran luz sobre cuál era el número real de trabajadores adscritos a esas entidades. PP y Cs expresaron su compromiso de reducir tanto el volumen de entidades como la plantilla, una vez que se realizara un diagnóstico realista. Después de dos años y medio, ayer esos informes se hicieron públicos. El Gobierno andaluz ya había proporcionado un adelanto de los resultados el martes tras el Consejo de Gobierno, con conclusiones que apuntaban a «una superestructura administrativa paralela» provocando en algunos casos «solapamientos» y «duplicidades de funciones» con las propias consejerías de las que dependen orgánicamente.

El análisis, encargado a varias auditoras privadas y dividido en 16 lotes, debe completarse con un «Plan de mejora y simplificación del sector público»–cuya licitación se encuentra paralizada por el recurso de una de las empresas–. Será entonces cuando se conozca el alcance de las medidas que afectarán tanto a las entidades, como a los trabajadores, según avanzó el vicepresidente andaluz, Juan Marín. De momento, se sabe que estas entidades aglutinan a casi 28.981 personas, entre las que se cuenta personal sanitario y de atención a la dependencia –solo se ha reducido en el personal laboral que no pertenece a estos dos ámbitos, un 3,19% en total–.

Las auditorías confirman lo que ya había adelantado la Junta: que existen entes sin actividad desde hace años; otros cuya existencia supone una duplicidad de la actividad y prácticamente generaliza la falta de control y evaluación interna, al no disponer muchos de ellos ni siquiera de una relación de puestos laborales actualizada. Los elevados sueldos que cobran los trabajadores y personal directivo constituyen una de las cuestiones más controvertidas, al estar regidos por hasta 14 convenios colectivos en algunos entes. Como ejemplo, el director de la RTVA cobra más que el presidente de la Junta –algo ya sabido– y hay directores de área en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales cuyo sueldo se eleva a 3.330 euros al mes con los complementos, según su auditoría. Las distintas empresas auditoras coinciden en señalar los excesivos salarios que se perciben en estas entidades, que en líneas generales suelen superar alos estipulados para los funcionarios de carrera de su misma consejería, algo que consideran irregular.

Las auditoras despliegan un sinfín de recomendaciones que en algunos casos chocan con el carácter público de las entidades. Es el caso de la gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada, Cetursa, o la empresa encargada de las inspecciones técnicas de vehículos, Veiasa, a las que recomienda privatizar. La dirección de esta última cuestiona que la empresa EY exprese «una opinión valorativa» de ese calado, puesto que se trata de una empresa con una cifra de negocio de 115 millones en el ejercicio 2019 y unos beneficios millonarios anuales (en torno a cinco millones de media). Otra de las grandes empresas públicas, la agencia de vivenda y rehabilitación (AVRA) es señalada porque tiene uno de los convenios colectivos con las retribuciones más elevadas. Sale bien parada en cuanto a que estima «la gestión de los servicios prestados se realiza de manera eficiente», pero destaca del parque de viviendas sociales, estimado en 74.000 pisos, que gran parte de ellas no estaban cumpliendo su función debido a diversos motivos relacionados con arreglos o su regularización. En cuanto a otra de las agencias puestas en duda inicialmente, la agenda de Servicios Sociales y Dependencia (ASSD), la auditoría arroja una paradoja: asegura que cumple con su función de asistir a personas dependientes, pero recomienda su absorción por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Considera que tienen una elevada ratio de solicitudes de dependencia «en el limbo» y debería mejorar el proceso de sustitución de plazas, del que informa por correo postal debido a la edad de los beneficiarios, según argumenta la propia dirección en las alegaciones.