La estrategia jurídica del abogado de don Juan Carlos I se cimenta sobre dos cuestiones primordiales. Por un lado, su inviolabilidad –que impedía que fuese perseguido penalmente como jefe de Estado– hasta su abdicación en junio de 2014. Y, por otro, las dos regularizaciones efectuadas en apenas dos meses y medio para ponerse al día con Hacienda y evitar una posible imputación por delitos tributarios.

¿En qué medida puede ampararse el Rey emérito en la inviolabilidad?

Tan solo una de las investigaciones abiertas por la Fiscalía –que se sepa– se desarrolló íntegramente en un periodo (2006 a 2012) en el que Juan Carlos I era inviolable como jefe de Estado. Es la que hace referencia al cobro de la supuesta comisión por su intermediación en la adjudicación de las obras del «AVE del desierto». Otra de ellas, la relativa a los pagos de sus viajes por la Fundación Zagatka, se encuadra en parte en ese periodo (entre 2007 y 2014), aunque se extienden hasta 2018, por lo que por esos años sí debería, en su caso, responder penalmente.

¿Pueden beneficiarle las dos regularizaciones?

El artículo 305,4 del Código Penal exime de responsabilidad por delito fiscal a quien regularicen su situación antes de que Hacienda le notifique «el inicio de actuaciones» o de que la Fiscalía le denuncie. La clave reside en determinar si en esas fechas ya estaba siendo investigado por Hacienda.

¿Suiza le investiga por los mismos hechos?

Así se lo hizo ver a la Fiscalía helvética la Audiencia Nacional en 2019. La Fiscalía defiende la «soberanía de jurisdicción» respecto al ex jefe de Estado y entiende que si España no ve delitos o cree que han prescrito, Suiza no podría seguir adelante con la investigación por los mismo hechos.