Sánchez elude el control: sin plan anual ni debate de la nación

La transparencia sigue siendo un reto para el actual Ejecutivo. Las peticiones de comparecencia al presidente del Gobierno, las más de 80.000 preguntas escritas que ha registrado la oposición en la actual legislatura son parte de las herramientas que usan los distintos partidos para tratar de controlar la acción y el poder de PSOE y Unidas Podemos. Éstas son frutos de dos de las obligaciones que atan a Pedro Sánchez a las que todavía no ha dado respuesta: la publicación del Plan Anual Normativo y la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación.

Los ministros del Gobierno comenzarán el nuevo curso político sin tener todavía sobre la mesa de sus despachos el Plan Anual normativo de la Administración General del Estado para 2022. Si en un corto plazo, el Ministerio de la Presidencia lo presenta llegará sin haberse hecho público todavía el de este año. A pesar de la obligatoriedad a la que se debe el Ejecutivo, según marca la Ley del Gobierno de 1997 y el real decreto del año 2017.

Se trata de un documento que tanto las administraciones públicas, comunidades y ayuntamientos deben publicar de manera anual en el Portal de Transparencia y con fecha límite del 30 de abril del año anterior. Contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que serán elevadas, en caso de Moncloa, al Consejo de Ministros y al Parlamento. El primero presentado por el Ministerio de la Presidencia dirigido por Carmen Calvo fue el relativo a 2020 y contenía un total de 171 propuestas; leyes orgánicas, ordinarias y transposiciones europeas. La pandemia del coronavirus retrasó los planes que se había marcado el Ejecutivo central entre los que se encontraba la Ley de Memoria Democrática que fue, finalmente, elevada al Consejo de Ministros este año por el sucesor de Calvo en el cargo, el ministro Félix Bolaños.

Tampoco vería la luz en tiempo la ley conocida como «solo sí es sí», LGTBI –ambas aprobadas por Moncloa este año– y la ley Rhodes llegó al Congreso de los Diputados tras una larga tramitación. La ley de los riders ya se encuentra en el Senado. Todavía sigue encallada la ley de vivienda por las desavenencias en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. La reforma del delito de sedición, o la ley de secretos oficiales son algunas de las que también se han quedado en el tintero. Todas ellas se encontraban en dicho documento.

La Ley Mordaza y la reforma de las pensiones

A expensas de conocer el Plan Normativo, la actividad parlamentaria a partir de septiembre será frenética y de vital importancia para el Gobierno. La Ley Mordaza o el proyecto de ley para mejorar el Ingreso Mínimo Vital todavía no han llegado a Moncloa, mientras que la ley del «solo sí es sí» y la nueva ley Trans iniciarán este curso su tramitación en el Congreso para su aprobación final. La Ley de Memoria Democrática espera el mismo camino y el primer paquete de la reforma de las pensiones deberá ser pactada entre todos los grupos parlamentarios y parte, a priori, con el rechazo de los socios de Sánchez y de la oposición. Sin duda, la ley más importante y la que más negociaciones y desencuentros tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso de los Diputados será la ley de los Presupuestos Generales del Estado.

Otra de las reclamaciones de la oposición muy recurrente y que el Gobierno no atiende es la de la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación. El propio presidente de la oposición, Pablo Casado, lo volvió a reclamar con contundencia hace un mes. «No podemos establecer un balance de cumplimiento ficticio mientras se hurta a la soberanía nacional un debate del estado de la nación», aseveró para después proponer su celebración en el mes de septiembre. Una petición que, de momento, no ha sido comunicada. España no celebra un debate sobre el estado de la nación desde 2015, cuando el entonces presidente Mariano Rajoy dio cuentas a la ciudadanía. Lo hizo durante su mandato hasta en tres ocasiones. Sin embargo, Pedro Sánchez lleva desde 2018 en Moncloa sin convocar ninguno. La perdida de esta tradición parlamentaria, a la que no obliga la Constitución, agrava el control sobre la política.