Bolaños defiende el estado de alarma: “Se buscó la máxima protección con la menor intervención de derechos”

El Gobierno se enfrenta a un horizonte judicial incierto en lo que respecta al estado de alarma. Si el Tribunal Constitucional ya dio un fuerte varapalo en el mes de julio, declarando ilegal el primer periodo de excepcionalidad, se prevé que en una próxima resolución haga lo propio con el segundo, el que se decretó en octubre de 2020 y que se prolongó por un espacio de seis meses sin contar con un control parlamentario más allá de las comparecencias bimensuales que ofreció Pedro Sánchez.

Moncloa ya reaccionó de manera airada tras el primer mazazo judicial, dejando claro que no compartía lo que consideró un fallo “sin precedentes”, hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho referencia velada a un nuevo cuestionamiento del estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional que, en todo caso, no se prevé se resuelva hasta el mes de octubre, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 19 de julio.

El ministro de Presidencia comparecía hoy en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de su departamento tras asumir las riendas del mismo tras la remodelación del Gobierno que Pedro Sánchez realizó antes del verano. Bolaños, jurista de profesión, ha defendido el estado de alarma. Una decisión que se tomó cuando él todavía no era ministro, pero de la que sí formó parte dentro del equipo de la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo. De hecho, el nuevo titular de Presidencia defendió que esta era la fórmula legal adecuada frente al estado de excepción que luego consideró el Constitucional.

Bolaños ha reivindicado que se buscó la “máxima protección con la menor intervención de derechos” con el paraguas legal elegido y se escudó en la dificultad de “crear un acervo jurídico”, cuando España no se había enfrentado nunca a una situación similar, y ante la “urgencia” que demandaba “actuar en tiempo récord”. En este punto, el ministro de Presidencia ha señalado que “esta crisis ha demostrado el valor que tiene el Derecho, que el Derecho puede también salvar vidas y se evitaron también miles de hospitalizaciones y mantuvieron a flote negocios, empresas y familias”. “El aprendizaje institucional de estos meses nos ayudará a mejorar la actuación del Estado en crisis futuras porque, en aquel momento, en este momento, tanto el Gobierno como el Parlamento trabajó sin precedentes”, ha señalado.

Ronda con los partidos

Antes de las vacaciones y en ejercicio de su recién estrenado cargo, Bolaños realizó una ronda telefónica con los portavoces de los partidos políticos con representación en el Congreso, con el compromiso de realizar reuniones presenciales a la vuelta del verano. Durante su comparecencia, Bolaños ha avanzado que estas se llevarán a cabo en la semana del 20 de septiembre. Su objetivo será “entablar diálogo” con todas las fuerzas, incluido, por lo tanto, el PP, y “pedirles responsabilidad y sentido de Estado”. Responsabilidad para abordar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de consolidar “la recuperación justa”; y sentido de Estado para desbloquear los órganos constitucionales pendientes de renovación. “España necesita acuerdos y yo les tiendo la mano para que podamos lograrlos”, ha asegurado.

Bolaños ha hecho ya un llamamiento expreso al PP para que acepte pactar la renovación del CGPJ y otros órganos con mandato caducado, como el Tribunal Constitucional. “La labor de oposición es legítima y necesaria, pero debe enfocarse al control del Gobierno, no contra la salud de las instituciones. Bloquear la renovación de nuestros organismos constitucionales es perjudicial para nuestro Estado de Derecho”, ha avisado.

En este sentido, y al igual que ya hiciera este miércoles el presidente Pedro Sánchez, ha advertido de que quien bloquea el funcionamiento de los órganos constitucionales se sitúa “fuera de la Constitución” y en una actitud “profundamente antidemocrática”. “Es urgente ya renovarlos y a ello les apelo y les llamo”, ha insistido.

PP y Vox piden su dimisión

Partido Popular y Vox coincidieron en solicitar la “dimisión inmediata” del ministro, al que calificaron de “fontanero jurídico” de los estados de alarma que están bajo el foco de la justicia por su inconstitucionalidad. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, concluyó su intervención acusándolo de “fontanero de esta chapuza de ilegalidad” sobre la actuación jurídica del Gobierno con el estado de alarma y que cuestiona el Tribunal Constitucional. De confirmarse esta ilegalidad, Gamarra sostuvo que Bolaños tiene “sólo una salida” y es “dimitir”.

En la misma línea se había expresado previamente la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, quien reclamó la “inmediata dimisión” del ministro por ser el “cerebro jurídico” que estaba detrás de “esa gran mentira”. Olona ha sido muy dura con Bolaños al que acusó de engañar “a todos”. Expuso que, en su trabajo como “fontanero mayor” y “segundo de abordo del defenestrado” Ivan Redondo, estuvo oculto hasta que decidió “acuchillar por la espalada a la persona de confianza” del presidente del Gobierno. “Menos mal que se decía que era un hombre del partido sin pretensiones”, agregó, porque se ha mostrado como un “jurista de los malos, no solo porque la mayor parte de sus obras anuladas por los tribunales”.