Derrochar dos millones para arrinconar el castellano

Una reclamación histórica que siempre ha contado con el «no» de los principales partidos en el Congreso. Alejar el castellano de las instituciones y priorizar el uso de las lenguas cooficiales, es una de las pretensiones más importantes para las fuerzas nacionalistas e independentistas, que han reforzado a lo largo de esta legislatura.

Esta «ofensiva» contra el castellano ya se ha materializado en el Senado y se planteará de inmediato en el Congreso de los Diputados. Esta semana, con el respaldo del PSOE, la Cámara Alta ha aprobado reformar su Reglamento para incorporar el uso de las lenguas cooficiales en todos los plenos. Hasta ahora, el uso de las lenguas oficiales solo estaba permitido para los debates de mociones en plenos, y tras aceptar la propuesta de Junts, se universalizará al uso cotidiano. Ello supondría, según fuentes de la Cámara Alta, un coste anual de hasta 950.000 euros, el triple de la partida destinada al servicio de traducción en la actualidad.

Tras dar luz verde a la iniciativa en el Senado, los independentistas se ven con fuerza para repetir la «hazaña» en el Congreso de los Diputados, donde no está permitido el uso de las lenguas cooficiales salvo para expresiones puntuales ya que, explican fuentes parlamentarias, no es una Cámara territorial y por tanto no se necesitan traductores y solo recurren a personal eventual para cuando los diputados viajan al extranjero.

Será Junts y el PDeCAT quien presenten la propuesta en el corto plazo, para la que contarán con el apoyo de ERC, CUP, PNV, Bildu y el BNG. Así, si la iniciativa pasa el filtro del Congreso –que cuenta con la oposición frontal del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, la reforma del Reglamento del Congreso, podría igualar la cantidad que se destinará próximamente en el Senado al servicio de traducción; casi un millón de euros, si se concretan los mismos servicios para la Cámara Baja. Un escenario que ya estudia el PSOE. Ayer, su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, se abrió a estudiar la posibilidad de la regulación del uso de las lenguas cooficiales. A su juicio el plurilingüismo es una «riqueza cultural» que en ocasiones se encuentra «denostado» y «agredido». Todo ello, a pesar de que en el Congreso de los Diputados los diputados que utilizan las lenguas cooficiales –catalán, euskera y gallego– no llega ni a la mitad del total. Según los cálculos de LA RAZÓN, solo el 32 por ciento de los diputados usan las lenguas cooficiales en la actualidad.

No es la primera vez que los partidos nacionalistas e independentistas unen sus fuerzas frente al castellano. En marzo ya presentaron una proposición no de ley para imponer el uso de las lenguas cooficiales a todos los niveles; tanto en el Congreso como en todas las administraciones públicas y hasta en RTVE.

Ante las prerrogativas independentistas, los populares han avisado al Gobierno de que debe «garantizar el uso del castellano en Cataluña y Baleares», en palabras de la portavoz Cuca Gamarra. Misma posición en Vox. «Todas las lenguas cooficiales son muy respetables, pero la lengua común, con la que nos entendemos todos, debería ser la lengua oficial», destacó Espinosa de los Monteros.