Que el idioma nos separe

El mismo día que conocemos que se están elaborando «listas negras» en las Universidades de Cataluña para castigar a los profesores que usen el español en clase, salta la noticia de los traductores en las Cortes. Es irónico, o quizá una muestra de estos tiempos de totalitarios victimizados, que el portavoz de Junts Per Cataluña en la cámara baja haya dicho que «es muy frustrante estar en el Congreso y no poder hablar en la lengua catalana». ¿Y en las Universidades catalanas no es frustrante que la Generalitat no permita a un profesor impartir su clase en español, en ejercicio de su libertad de cátedra y el derecho constitucional de hablar en una lengua oficial del Estado?

Los nacionalistas han ideologizado la lengua, única herramienta de su diferenciación ahora que todo, desde las costumbres hasta la cultura, está globalizado. Por eso se empeñan en convertir el Senado en una falsa Torre de Babel, donde, a pesar de que todos tienen la obligación y el derecho de conocer el español como lengua común, va a haber traductores. Y no solo para los debates de las mociones, como hasta ahora, sino para cualquier actividad. La «visualización» de las diferentes lenguas para una cámara cuya actividad pasa desapercibida, costará 950.000 euros al año.

Las argumentaciones son peregrinas. Margarita Adrio, senadora del PSOE, da un explicación que se sale de la Constitución: la construcción «federalista» de España. Estamos en un Estado autonómico y la representante de la cámara territorial debería saberlo. En realidad es un pago más del sanchismo a los nacionalistas para que su jefe esté un rato más en La Moncloa.

Los nacionalistas alegan que «los derechos no tienen precio», pero no es verdad. El dinero público sí es de alguien. Cada sesión plenaria, que dura dos días, costará 12.000 euros, y hay dos al mes. La deuda pública de España se ha elevado por encima del 125% del PIB, marcando máximos no vistos desde 1881, hace 140 años. Más claro: el último gobierno de Pedro Sánchez ha disparado la deuda pública en casi 170.000 millones de euros. No hay precedentes.

Esto es lo que asusta a la Unión Europea, el despilfarro. No es que ahorrar 950.000 euros en traductores salve nuestra economía, sino que la alegría para gastar sin medida, solo por motivos ideológicos, es lo que nos pierde ante Europa. Se trata de una actitud, esa que define a los socialistas y a sus socios nacionales, la enorme irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas.

Ya lo hizo el nacionalismo catalán en la Generalitat, donde no reparó en gastos para crear «estructuras de Estado», hundiendo a esa región, haciendo que las empresas huyan, y, claro, aumentando la presión fiscal sobre sus habitantes. Pero hablar en tu lengua y ponerse un pinganillo para oír al traductor no tiene precio, porque crea una imagen de país dividido, de una sociedad que necesita de intermediarios para entenderse.

Es una maniobra muy hábil de los nacionalistas que, aprovechando la debilidad de Sánchez, siempre bizcochable para los rupturistas e inconmovible con los constitucionalistas, le han sacado una nueva visualización de los «hechos diferenciales». No bastó con que los sanchistas hayan asumido el lenguaje independentista y hablen de «mesa bilateral», sino que se institucionaliza la lengua como instrumento ideológico de separación entre españoles.

El paso siguiente será el Congreso, donde solo se puede hablar en las otras lenguas para leer una cita o pronunciar alguna expresión. El asalto está preparado. Ya han dicho que es incómodo hablar en la lengua de las «bestias con forma humana», que escribió Quim Torra. Lo conseguirán. Está Pedro Sánchez.