El PSOE y sus socios aprueban que el Senado “derroche” un millón de euros en traductores

Desde la oposición tachan de “capricho, disparate y barbaridad” esta iniciativa, cuyo coste podría triplicarse como en 2010

Sesión de control en el Senado
Sesión de control en el SenadoJuan Carlos HidalgoEFE

“Gastar un millón de euros en un capricho es una auténtica barbaridad”. De este modo calificaba el portavoz de Vox en el Senado, Jacobo González Robatto, la propuesta de JxCAT para poder usar sin restricciones el catalán, el gallego y el euskera en toda la actividad parlamentaria de la Cámara Alta y que ahora está limitado a las mociones en el pleno.

“Un capricho” que sí recibió el visto bueno del PSOE. Los socialistas, junto a sus socios de Gobierno y los senadores autonómicos de la izquierda, apoyaron esta iniciativa, lo que garantiza que será estudiada por la Comisión de Reglamento de la Cámara Alta. De nada sirvió el rechazo de los senadores del grupo popular, de Ciudadanos y Vox, ya que la iniciativa contaba con el respaldo necesario para salir adelante (149 votos a favor, y 105 en contra).

Al defender la reforma, el portavoz de JxCAT, Josep Lluís Cleries, señaló que universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado “no va contra nada ni contra nadie” y frente a quienes critican que la medida pueda acarrear un coste de casi un millón de euros ha dicho que “normalizar” en la Cámara el empleo de estas lenguas “nunca puede considerarse un derroche”.

Y pese a que Cleries aseguró que el coste de la reforma reglamentaria rondaría los 950.000 euros, la senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, ha advertido que esta cifra podría triplicarse, como ya ocurrió en 2010, cuando se anunció que permitir el empleo de lenguas cooficiales en el debate de mociones supondría 70.000 euros al año y ahora la institución paga 300.000 euros por intérpretes y traductores.

Así, la parlamentaria popular ha rechazado que el Senado se convierta en una “torre de Babel de idiomas que no entendemos” salpicada de “auriculares y traductores” y cuyo coste, que ha calificado de “disparate”, no deben asumir los españoles.

El principal argumento de JxCAT para defender la modificación del reglamento es la condición de Cámara Territorial del Senado. Sin embargo, en el debate, los portavoces de PP, Cs y Vox le han recordado que la Generalitat no respeta a los castellanoparlantes.

Maltrato a los castellanoparlantes

Sánchez Camacho ha criticado duramente que el portavoz de JxCAT defina a España como un estado “plurinacional y plurilingüe”, algo que ella no cree cierto, y si bien ha asegurado que el PP defiende todas las lenguas cooficiales, también ha remarcado que la Constitución dice en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial y que las demás lo son en sus respectivas comunidades.

Al coste económico también se ha referido el portavoz de Vox, Jacobo González Robatto, quien ha dicho que gastar “un millón de euros en un capricho es una auténtica barbaridad” en tanto que la senadora de Cs María Ponce Gallardo ha pedido a JxCAT que proteja los derechos “maltratados” de los castellanoparlantes en Cataluña.

Los partidos del “sí”

Y en el otro lado, en el lado del “sí” se situó la senadora socialista Margarita Adrio, quien basó su argumentación en el enriquecimiento que las lenguas suponen en el patrimonio cultural del un país y, por este motivo, consideró que es preciso avanzar en su empleo en el Parlamento.

Por su parte, el senador Josep Maria Reniu advirtió que “muy pocos creen de verdad” que el Senado sea un Cámara Territorial y que supondría “un desprecio absoluto” no votar a favor.

En este sentido, el senador del PNV Imanol Landa señalaba que se trata de una “cuestión política y de sentido común”. Los senadores de Izquierda Confederal, apuntaban que lo único que se pretende es reflejar en la Cámara Alta una realidad que ya se da en la sociedad.

En qué consiste esta iniciativa

La propuesta, que podrá ser sometida a enmiendas y modificaciones en la Comisión de Reglamento, plantea cambiar el Reglamento para que el catalán, el gallego y el euskera se puedan utilizar en todos los plenos, incluidas las sesiones de control con preguntas al Gobierno, así como en las comisiones y en toda la actividad parlamentaria.

Busca igualmente dar un completo respaldo al uso “oral y escrito” de estas lenguas, extendido incluso a las publicaciones del Senado y a los escritos que se presentan en su Registro.