Justicia y reparación a las víctimas

En la Comisión de Justicia del Senado del pasado18 de octubre el grupo popular presentó una moción en la que se solicitó la creación de una Fiscalía especializada en la investigación de actos que conforman el nuevo terrorismo, fundamentalmente etarra, que suponga humillación de las víctimas. Igualmente, presentamos en la Comisión de Interior, de fecha 25 de octubre, otra moción complementaria de la anterior, solicitando la prohibición mediante una ley de los actos de homenajes a terroristas.

Evidentemente, el partido socialista votó en contra con sus socios independentistas y comunistas, considerando que no existen dichos homenajes por lo que no ven necesario la creación de una Fiscalía especializada en la investigación de los actos del nuevo terrorismo que intenta cambiar el relato de lo ocurrido en España en los últimos años en lo que respecta a la actividad terrorista de ETA. Acusaron al Partido Popular de utilizar a las víctimas y de reflejar una realidad que no existe. Es decir, que es mentira que exista una ofensiva de los filoetarras para conseguir objetivos políticos a través del chantaje al Gobierno socialista y comunista, a pesar del reconocimiento expreso hecho por Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a grupo terrorista por el Tribunal Supremo.

Igualmente, llegaron a negar que la política que ejecuta este Gobierno de acercamiento de presos que han cometido delitos de terrorismo a las cárceles del País Vasco suponga que la sociedad se sienta más vulnerable y, por tanto, que los simpatizantes e integrantes de organizaciones abertzales se vean mucho más fuertes.

Sin duda, el Gobierno quiere obviar la memoria democrática reciente que afecta a miles de personas que sufrieron actos terroristas, que desgarraron familias enteras y que intentaron derrotar a la democracia española. De esta manera, se está blanqueando a los grupos políticos herederos de la banda terrorista. Estos grupos se niegan a colaborar para el esclarecimiento de cientos de asesinatos y, además, no condenan el terrorismo pasado ni reciente, como ocurrió recientemente en el Parlamento vasco.

El Gobierno está más preocupado en pasar de puntillas sobre la historia reciente de nuestra democracia, prefiriendo mirar a lo ocurrido en España hace 80 años. Si la ley de memoria democrática presentada por el Ejecutivo prevé la creación de una Fiscalía para investigar los delitos del franquismo, igualmente pertinente es crear una Fiscalía especializada encargada de perseguir los actos de humillación de las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de terroristas.

El reconocimiento y protección integral a las víctimas respecto de estas conductas constituye una referencia ética para nuestro sistema democrático, y también simboliza la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos deben garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por este motivo, no tiene justificación alguna que se lleven a cabo actos de homenaje a terroristas que constituyen un insulto a la memoria y a la dignidad de las víctimas.

Los poderes públicos deben trabajar para que la sociedad no olvide la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización, y contribuir a un relato de lo que sucedió en nuestra sociedad por causa de la barbarie. Deben evitarse falsas equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, y debe recogerse con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, quién ha sufrido el daño y quién lo ha causado. Es necesario que se favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas.

Solo en 2020 se han contabilizado un total de 193 actos de apoyo a ETA, según el Observatorio de la Radicalización, constando que desde el año 2019 el número de actos de apoyo explícito a ETA ha aumentado un 57%. La realidad es, aunque lo niegue el Gobierno, la existencia de homenajes públicos a miembros de ETA al salir de prisión o a etarras muertos, y de fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a ETA u hostigar a la Guardia Civil, como por ejemplo el «Ospa Eguna» en Alsasua y el «tiro al facha» en Etxarri Aranatz. En la organización de estos actos, se produce un enaltecimiento del terrorismo claro, así como una humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo.

En palabras de la propia presidenta de la Asociación de Víctimas del terrorismo: «Aunque ETA ya no mate, las ideas que llevaron a los etarras a matar siguen ahí, asumidas por una parte de la población del País Vasco y de Navarra».

El respeto a la justicia es exigencia básica en toda democracia, por lo que el Gobierno debe garantizar que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo. Lo contrario es claudicar ante el terrorismo y sus herederos. Por eso es necesaria la creación de la Fiscalía especializada en garantizar la memoria, dignidad y justicia de las víctimas, y así poder evitar cualquier acto que suponga enaltecimiento del terror. Se trata de una obligación moral.