El juez planea dividir en dos la pieza de los Pérez Maura

Guatemala no colabora en el procedimiento, por lo que los investigadores se plantean judicializar la parte del cohecho nacional y desgajarla de los delitos internacionales

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la Comisión del Congreso
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la Comisión del Congreso FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Los investigadores de una de las piezas más extensas del caso Tándem, conocida como “Pit” sobre los negocios de los hermanos Pérez Maura, han dado con hueso. La información que se ha pedido a Guatemala, relacionada con las presuntas comisiones que estos empresarios pagaron para quedarse con la construcción de un puerto millonario, no llega ni tiene visos de hacerlo. Y sin estos detalles, poco se puede avanzar en el delito de cohecho internacional. El juez se plantea ahora dividir la causa en dos, para llevar directamente a juicio la parte relativa al cohecho nacional, es decir, la contratación de José Manuel Villarejo para evitar la extradición de los dos españoles.

La pieza número 4 de esta macrocausa se adentra en un escándalo que estalló entre 2015 y 2016 en Guatemala cuando el país solicitó la entrega de Ángel y Álvaro Pérez Maura acusados de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos cargos -incluido el presidente y la vicepresidenta guatemalteca- para adjudicarse el Puerto de Quetzal. La Audiencia Nacional negó la entrega de los hermanos, sin perjuicio de que se juzgara lo sucedido en España. Por el camino se cruzó Villarejo, a quien los hermanos contrataron por una cantidad que pudo superar los siete millones de euros para que, haciendo uso de su influencia, evitara la extradición.

Con todo el material encontrado en la casa del comisario en el marco de Tándem, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra los Pérez Maura en 2019 y todo el procedimiento se agrupó. Sin embargo, lo cierto es que las instrucciones se han hecho de forma paralela dentro de la misma pieza. Por un lado, se ha avanzado mucho en el cohecho nacional por la contratación de Villarejo, el tráfico de influencias y la falsedad documental. Y, por el otro, solo ha habido obstáculos para investigar el cohecho internacional y el blanqueo de capitales en Guatemala.

El magistrado Manuel García-Castellón envió a este país una comisión rogatoria el pasado mes de abril solicitando una batería de diligencias, como la declaración de tres testigos y diversas facturas y documentos que constan en un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue el órgano que destapó el caso. La justicia guatemalteca no parece estar por la labor de colaborar y, aunque los investigadores se han planteado viajar al país para requerir la documentación (así lo indica de hecho la comisión rogatoria: “que las autoridades competentes de la República de Guatemala autoricen el desplazamiento de una Comisión Judicial para la práctica de diligencias en aquel país”), no quieren subirse al avión sin tener la certeza de que van a encontrar buena disposición allí.

Por eso, según fuentes de la investigación, sobre la mesa está ahora la opción de desgajar el procedimiento para poder judicializar ya una parte y sentar en el banquillo a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, a los Pérez Maura y al abogado Enrique Maestre.

El bloqueo que supone no tener esta información está afectando, incluso, a los interrogatorios que se están produciendo en la instrucción. La pasada semana acudieron a declarar a la Audiencia Nacional dos de los investigados, Francesc Xavier Tauler (exconsejero delegado de Copisa) y José Jiménez Molina (uno de los hacedores de los Pérez Maura), que negaron todo tipo de pagos de comisiones, pero, según fuentes presentes en la declaración, la propia Fiscalía desistió de seguir preguntando por no poder confrontar los testimonios con las facturas y papeles que aún no tienen.

La empresa que dirigía Xavier Tauler es una con las que, indiciariamente, se canalizaron los pagos de comisiones al presidente y la vicepresidenta de Guatemala, que también fueron detenidos en 2014. Por su parte, Jiménez Molina aparece en la participación de un pago de un millón de dólares que los Pérez Maura hicieron a uno de sus colaboradores en el país americano, el único que fue detenido y encarcelado allí. Los hermanos accedieron a una “justa indemnización” para Juan José Suárez Messeguer (detenido en abril de 2016) y, para ello, crearon una sociedad instrumental en Bulgaria, según consta en una comisión rogatoria recibida recientemente de este país, tal y como informó este periódico.