Así se gestó la trama de los Pérez Maura para el proyecto de un puerto millonario en Guatemala

La documentación de la causa muestra correos de reuniones entre los empresarios españoles y las autoridades del país sudamericano para cobrar a través de ‘offshore’

El expolicía José Manuel Villarejo a su llegada a una comparecencia en la comisión parlamentaria
El expolicía José Manuel Villarejo a su llegada a una comparecencia en la comisión parlamentaria FOTO: Chema Moya EFE

Negociaciones con las autoridades de Guatemala, pagos millonarios y sobornos para conseguir la adjudicación del proyecto del Puerto Quetzal en el país sudaméricano. Documentación que obra en la pieza número 4 –conocida como «Pit»– del macrocaso Tándem (relacionado con el comisario José Manuel Villarejo) muestra cómo se fraguó el pelotazo que terminó con la detención del expresidente de Guatemala y la imputación de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura que administraban uno de los grupos marítimos más importantes de España.

El 8 de mayo de 2019, año y medio después de que la Audiencia Nacional empezara a investigar todo lo relacionado con Villarejo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía entra en el domicilio de Javier Soucheiron Macet, uno de los ejecutivos de TCB S.L. (el primer operador marítimo de terminales portuarias español). Allí incautan un iphone, un ordenador apple, un ipad y varios pendrives que permiten a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía elaborar, casi un año después, un informe de «tratamiento de evidencias digitales». En él se detallan las negociaciones entre los empresarios españoles y las autoridades de Guatemala (incluidos el expresidente Otto Pérez y la vicepresidente Roxana Baldetti) para la adjudicación del proyecto del puerto con los pagos «necesarios».

La sucesión de correos electrónicos entre Ángel Pérez Maura y Javier Soucheiron explican las condiciones para la concesión del Puerto Quetzal como el pago de 20 millones de dólares como cuota inicial «a pagar en cualquier país que ellos indiquen» y una participación del 49% «de socios guatemaltecos». A lo largo de 2012 los empresarios se reúnen con la vicepresidenta Baldetti o emisarios de ella para ajustar los pagos en concepto de comisiones que van cambiando por momentos.

En un informe con fecha de enero de 2021 que Asuntos Internos remite al juez Manuel García-Castellón, a cargo de la investigación, se detallan todas las conversaciones y obstáculos a los que se enfrentaron los Pérez Maura.

El 11 de septiembre de 2012 el contrato parece que peligra y uno de los directores manda un correo a Ángel Pérez Maura y Soucheiron: «Resulta que la Contraloría (Auditoria) del Puerto Quetzal está a punto de emitir un dictamen desfavorable sobre el contrato de usufructo declarándolo lesivo. Aún no es oficial (..). Están todos bastante nerviosos porque opinan que esto si puede tumbar el contrato». Un día después parece que el asunto ha quedado resuelto y Pérez Maura contesta: «Esto es lo que nos vamos a encontrar a menudo. Problemas que tienen una solución crematística. Lo importante es que los importes sean razonables y evitar que la gente se cambie de bando».

Las cifras iniciales comienzan siendo de 20 millones a repartir entre las partes, aunque acaba ascendiendo a 30 millones, y acuerdan que «los pagos se hagan dentro de esta legislatura». Los mensajes revelan viajes de diversos directivos a Guatemala: «Por fin a las 18:30 nos convocan en una casa privada donde no está ni 1 [el presidente] ni 2 [la vicepresidenta]. Cuando le explicamos calendario de pago y compromisos dice no saber nada de aplazamientos ni de terceros (argentinos). Yo me mantengo firme en el calendario y digo que ha habido mucha gente que ha ayudado a que esto salga. (...) Insisto que no es nuestro problema y que hemos dejado calendario claro desde el primer momento además de temas de seguridad para todos. Me pide tras mucho hablar que sea 15 ya y 15 en 12 meses a lo que me niego en rotundo», relata Ángel Pérez Maura en octubre de ese año.

Las negociaciones avanzan: «Si esa forma de pago no es factible para nosotros nos ofrecen una segunda alternativa que sería regresar al planteamiento inicial de quedarse ellos con el 49% a través de una offshore». «Hemos tensado la cuerda apostándole a que es demasiado dinero como para que lo dejen pasar por una cuestión de cronograma de pagos, eso además del coste político que tendría que se cayera el proyecto», se lee en el informe.

La Policía también incluye excel elaborados por los Pérez Maura con calendarios de pagos que llegan hasta 2016. En esta sucesión de mensajes avanzan en la idea de la ‘offshore’: «Me dice que no tenemos que preocuparnos porque todo se haría a través de un socio que ellos van a proponer y que la relación con su grupo sería totalmente segura y hermética». Las reuniones preparativas del proyecto incluyen a un magistrado del Tribunal Constitucional de Guatemala a quien le consultan sobre un hipotético recurso en caso de que el Gobierno declarara lesivo el contrato o, incluso, plantean solicitar la colaboración de la embajada española para conseguir hablar con el presidente.

Ya en noviembre de 2012 comienzan a atar la forma en la que se van a «instrumentar los pagos»: «Tiene que ser todo con cara y ojos, o sea, contratos, facturas, documentos, etc., todo lo cual tendrá que pasar el filtro de nuestros abogados», dice uno de los correos.

Tres años después, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inicia una investigación que termina con la detención del expresidente y el exvicepresidente. El país reclama también a los empresarios españoles y es en este momento cuando se cruza en el camino el comisario Villarejo. Éste se supone que cobró más de 7 millones de euros de los Pérez-Maura para impedir la extradición del empresario español. La pieza todavía continúa investigándose en la Audiencia Nacional.