El fiscal, sobre la investigación a Villarejo: “Hemos tenido que bajar a la mina sin que nos explotaran las cargas explosivas”

La Fiscalía ha expuesto las dificultades a las que se enfrenta en la investigación a José Manuel Villarejo -que tras cuatro años ha dado lugar ya a más de una treintena de piezas separadas- recurriendo a una metáfora mineralógica.

En el primer juicio del “caso Tándem” al comisario jubilado, el fiscal de Anticorrupción Miguel Serrano se ha opuesto a que declaren como testigos Pedro Sánchez, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, la fiscal general Dolores Delgado y Mariano Rajoy y ha justificado que se haya privado a las partes del acceso a determinada documentación intervenida a Villarejo -aunque se haya levantado el secreto de sumario- porque antes es necesario “filtrar” esos papeles.

El representante del Ministerio Público se ha referido a esa documentación sensible como “pieza de impacto”, “una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en orden a la dificultad de esta investigación”. Según ha expuesto al tribunal -que juzga ahora a Villarejo por tres de esas líneas de investigación del “caso Tándem”-, “los investigadores son mineros que han bajado a la mina a picar piedra cuando los dinamiteros están aún abriendo canales en la mina”.

Y es que, ha recalcado, los documentos que tenía Villarejo “estaban trufados de minas, tenía documentos secretos, documentos que afectaban a la intimidad, que buscaba para protegerse frente a cualquier actuación investigativa, para buscar su impunidad”.

“Las brujas no existen”

Y a vueltas con el símil minero, el fiscal ha insistido: “Los investigadores hemos tenido que bajar a la mina sin que nos explotaran las cargas explosivas y con determinadas cautelas”. Y, al mismo tiempo, ha insistido en que las defensas “no han tenido restricciones de acceso no justificado al material intervenido”, dejando claro que Anticorrupción -que solicita para el ex comisario penas que oscilan entre los 14 y los 57 años de prisión- no utilizará esa documentación sensible para apuntalar sus hipótesis incriminatorias.

Durante su intervención en el trámite de cuestiones previas, el representante de Anticorrupción ha hecho hincapié en que la Fiscalía no pone en duda que Villarejo actuase como agente encubierto ni de su condición de colaborador del CNI, pero ha matizado que “para lo que no estaba autorizado era para que se lucrara al margen de esa política policial lícita” realizando “funciones paralelas para clientes privados” aceptando supuesta dádivas por las que le imputa delitos de cohecho. “Y eso es lo que ha hecho”, ha asegurado.

“Lo que nos interesa es que aprovecha esa función autorizada por sus mandos para lucrarse. Eso es lo que es absolutamente intolerable”, ha mantenido al respecto. “Ése rol de policía o espía no es un rol que la Fiscalía niegue en ningún caso”. Y ha aprovechado para ahuyentar, implícitamente, las denuncias de Villarejo, que sitúa al ex director del CNI Félix Sanz Roldán como origen de todos sus problemas judiciales: “Las brujas no existen y si haberlas haylas, como dicen los gallegos, búsquenlas fuera de este procedimiento”.

Ni Sánchez ni Rajoy

La Fiscalía se ha opuesto igualmente a que, como había pedido la defensa de Villarejo, declaren como testigos en el juicio Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros. “Lo que hayan dicho es absolutamente ajeno a este procedimiento”, ha señalado Serrano, para quien este proceso debe situarse “absolutamente al margen de juicios paralelos”.

La defensa del principal imputado en el “caso Tándem” pidió que declarasen ambos, así como el presidente Pedro Sánchez, por haberse referido a Villarejo, se quejó, en términos como “corrupto” y “chantajista”. Entre su prolija lista de testigos se encontraban del mismo modo Mariano Rajoy, quien según él tenía su móvil personal, y los ex ministros de Interior Jorge Fernández Díaz y José Luis Corcuera y el ex presidente Felipe González, a quienes su abogado quería interrogar para acreditar su trabajo para distintos gobiernos.

Sí ha dado su visto bueno, sin embargo, a las declaraciones como testigos del que fuera número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en el “caso Kitchen”; del ex responsable del CNI Félix Sanz Roldán; del que fuera jefe de la UDEF José Luis Olivera, y de la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.

“Las agendas no se pueden entregar”

También rechaza Anticorrupción que, como pidió el comisario jubilado, se incorporen al procedimiento el contenido de todas sus agendas personales incautadas. “Las agendas no se pueden entregar al acusado. Son piezas de convicción”, ha defendido el fiscal. “Evidentemente, tiene acceso a ellas y puede examinarlas”, ha añadido antes de subrayar que esa “restricción” es necesaria para garantizar “que no se puedan difundir datos de carácter privado o íntimo” dado que “mucho más allá de sus agendas personales, son las anotaciones que hace de su actuación como policía y de su actividad paralela”.

Villarejo se sienta en el banquillo por tres piezas del “caso Tándem” -que ya suma más de una treintena- después de que la Audiencia Nacional acordara aglutinarlas en un mismo juicio. El comisario jubilado debe responder de los trabajos parapoliciales de espionaje que realizó por encargo de un despacho de abogados a una firma de la competencia (pieza “Iron”) y de los que llevó a cabo respecto a la situación patrimonial de los herederos del promotor de la urbanización de lujo La Finca en el marco de una disputa familiar por su herencia (pieza “Land”). Asimismo, se le juzga también por el supuesto chantaje de la trama a un ex socio de los empresarios Fernando y Juan Muñoz Tamara (pieza “Pintor”).

La Fiscalía reclama condenas de 57 años, 38 y diez meses y 14 años de prisión para Villarejo por cada una de esas líneas de investigación. En total, casi 110 años de cárcel, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros.