La Audiencia procesa a Villarejo y a otras 13 personas por una de las piezas de “caso Tándem”

La Audiencia Nacional ha procesado, a instancias de Anticorrupción, al ex comisario José Manuel Villarejo y a otras 13 personas -entre las que figura el también ex comisario Enrique García Castaño- por cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil en el marzo de la pieza “Iron”, una de las ramificaciones del “caso Tándem” que mantiene en prisión provisional al ex mando policial desde noviembre de 2017.

El juez Manuel García Castellón extiende la medida, como persona jurídica, al despacho de abogados Herrero y Asociados, que supuestamente contrató en 2013 los servicios de Villarejo para investigar a antiguos socios que constituyeron un nuevo despacho, ante la sospecha de que se servían de ex empleados suyos para filtrar información y sustraer documentación de la cartera de clientes de esta firma letrada.

Toda esa información, explica el juez en su resolución, sería utilizada para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herreros y Asociados contra los cinco abogados bajo sospecha del despacho de la competencia, Balder Ip Law, ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, sobre cuyos máximos responsables Villarejo “tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses, con la finalidad de que los denunciados fueran detenidos y formalmente imputados en un procedimiento penal posteriormente, se solicitaran por la unidad policial investigadora graves medidas judiciales en contra del despacho Balder Ip Law como la entrada y registro de su sede, y se diera repercusión mediática a dicha actuación policial y al procedimiento judicial subsiguiente para destruir su reputación como despacho y como abogados competidores”.

A través de Villarejo y de otro de los investigados, Rafael Redondo y sirviéndose de detectives privados, los responsables del despacho pretendían esclarecer una competencia desleal y supuestos ataques en la seguridad informática de su despacho.

El magistrado archiva la causa respecto a otros cinco investigados, entre ellos subordinados del comisario jubilado, porque según el instructor no ha quedado acreditado que recibieran dádivas por la información que proporcionaron a sus superiores sobre las personas perjudicadas, ni que conocieran la finalidad ilícita que se perseguía.

La investigación de esta pieza número 2 de las más de veinte que integran el “caso Tándem” ha permitido acreditar -asegura García Castellón- que los encargos realizados al Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, fueron mucho más alla de servicios de detectives privados. No en vano, incluían “la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.- relativos a su competidor, Balder Ip Law”.

Además, se contrató al mando policial “a sabiendas de su condición de comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía”, para que a través de su entramado “y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial suscitada”.

La tarifa, 625.000 euros

El juez detalla que el precio del encargo se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 en concepto de prima de éxito. De esa cantidad, continúa, Herrero y Asociados habría abonado entre agosto y septiembre de 2013, 302.500 euros, de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular una pátina de legalidad en dichos pagos “bajo la apariencia de unos servicios ficticios".

Para conseguir la información ilícita se abonaron también dádivas a funcionarios públicos, “que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado entre Herrero y Asociados y Cenyt dado su eminente carácter ilícito”.

Ahora, el juez da un plazo de diez días a las acusaciones para que presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El antecesor de García-Castellón archivó esta pieza en julio de 2018 pero, meses después, la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, al igual que sucedió con “Land”.

Hace unos días, la Fiscalia Anticorrupción solicitó al instructor el cierre de la investigación tanto de esta pieza como de “Land” -en la que se investiga las labores de espionaje que llevó a cabo Villarejo en el marco de las disputas de la familia García-Cereceda por la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca- y el procesamiento de un total de 21 personas, entre ellas el propio ex mando policial.