Dolores Delgado allana el terreno para la mayor reforma del Estatuto Fiscal

Entre las primeras decisiones de calado que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tendrá que tomar este año está la de nombrar al que será su número dos, el nuevo Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, en un Consejo Fiscal que se celebrará este mismo martes. Además, fuentes de su entorno aseguran que Delgado está decidida a comenzar este año los trabajos para acometer una gran reforma del Estatuto Fiscal y, según ha podido confirmar LA RAZÓN, ya en una reunión anterior se realizaron una serie de propuestas para ello, pero las discrepancias entre los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que ella pertenece- con los de la Asociación de Fiscales (AF) -mayoritaria en la carrera- dieron al traste con ellas.

Sucedió en un pleno que se celebró el pasado mes de octubre. El fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco, llevó el borrador del informe sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que el Ministerio de Justicia iba a aprobar. Normalmente, este órgano consultivo emite informes no vinculantes en los que se pronuncia sobre las leyes que afectan a la carrera y, en este caso, se pretendieron incluir unas propuestas para reformar el Estatuto Fiscal a las que los vocales de la Asociación de Fiscales se negaron en bloque.

Entre las modificaciones pretendidas estaban: que los vocales electivos del Consejo Fiscal no puedan ser elegidos para cargos discrecionales mientras están en el mandato; que se elimine la posibilidad de renovación indefinida para estos puestos elegidos a dedo, limitándose a una sola renovación; regular que la Fiscal General del Estado pueda crear grupos de trabajo multidisciplinares con diferentes fiscales de Sala para abordar temas transversales. Por ejemplo, como ha ocurrido en el caso de la investigación del rey Juan Carlos I, en el que un equipo de fiscales de Sala del Tribunal Supremo se ha coordinado con la Fiscalía Anticorrupción; crear la figura del Teniente fiscal en la Unidad de Apoyo (un cargo de confianza del Fiscal General) para armonizarla con la Secretaría Técnica, que son las dos unidades que funcionan como brazos de trabajo de Dolores Delgado.

Las fuentes consultadas con acceso a esta propuesta señalan que la intención era dotar a la Fiscalía de mayor autonomía con respecto del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Por eso, también se recogía que las comunicaciones del Fiscal General con el Ejecutivo o de los Fiscales Superiores con los gobiernos autonómicos se hicieran por escrito; así como que la ministra de Justicia no pueda revisar en alzada las sanciones que impone la jefa de la Fiscalía, sino que se pueda acudir directamente a la vía Contenciosa. Además, se contemplaba que una vez cesan los cargos de la Fiscalía General (cuando ésta renueva se van con ella todos los puestos de confianza que ella ha nombrado dentro de la Unidad de Apoyo o la Secretaría Técnica) pudieran quedarse adscritos a sus fiscalías de origen. Actualmente, todos ellos se quedan en la Fiscalía de Madrid, pero en el borrador se proponía que pudieran volver a la Fiscalía Superior de la autonomía de origen en aras de evitar un volumen más grande de funcionarios en la capital.

Todo esto quedó en nada por la oposición de una parte del Consejo Fiscal y el borrador tuvo que retirarse. Estos fiscales no vieron con buenos ojos que quisieran hacerse reformas sin haberlas discutido previamente en la carrera. Y, además, señalan que se trataba de meros “parches” para situaciones que merecen un debate mucho más profundo. Únicamente se aprobó una pequeña modificación para que el Ministerio Fiscal tuviera competencias en materia de protección de datos, así como para impartir de forma conjunta un periodo de formación entre jueces y fiscales.

El 2022, el año del gran cambio

Sin embargo, ningún vocal de los 12 que forman el Consejo niega la necesidad de abrir el melón de la reforma. De hecho, es raro encontrar a alguno de los cerca de 2.500 fiscales que hay en España, que vea innecesario el cambio de este Estatuto de 1981. Es una reivindicación muy antigua y en ese mismo Consejo Fiscal, Delgado anunció su intención de comenzar con los trabajos para una modificación “integral” y profunda de la normativa, pero está convencida de que para ello es necesario el consenso. Esta es la única manera de que no se vea debilitada la postura de la Fiscalía en una negociación con Justicia.

La idea de los trabajos previos es recorrer un camino similar al que se hizo con el informe que se aprobó por unanimidad sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim). En este caso, los trabajos comenzaron en la Secretaría Técnica que llevaron a cabo estudios previos de la plantilla de la Fiscalía, por ejemplo, y determinaron la necesidad de incluir más de 200 fiscales en un plazo de tres años.

El borrador de este informe se pasó a todos los Fiscales de Sala, a los Fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo, a las diferentes Fiscalías especiales y a todos los jefes de las Territoriales. Cada uno de los cuales realizó sus aportaciones y la Secretaría Técnica terminó por elaborar un gran informe que, luego, analizaron todos los miembros del Consejo Fiscal.

Algo así pretende hacerse con la reforma del Estatuto fiscal. Los puntos claves a resolver, según las fuentes consultadas, pasan por conseguir la autonomía presupuestaria para que estos funcionarios no tengan que depender continuamente de Justicia para llevar a cabo sus investigaciones. Parecerse un poco más al Consejo General del Poder Judicial y su autonomía para decidir sobre los jueces. También lograr la autonomía organizativa y desprenderse de la imagen de dependencia total del Gobierno.