Podemos acusa al PSOE de “retrasar” el envío del informe de la ley de Vivienda al CGPJ

Tras el varapalo del Consejo General del Poder Judicial contra el Gobierno, y especialmente a Unidas Podemos por su rechazo al informe del anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno por “sesgo ideológico” y “falta de solvencia técnica”, el partido minoritario en la coalición ha pasado al ataque contra el órgano judicial por “extralimitarse” y también ha cuestionado al PSOE por “retrasar” el envío del informe de la misma al CGPJ.

Tres días después del pronunciamiento del CGPJ, que posterga hasta el próximo 27 de enero su informe tras el cambio de ponentes para la decisión, los morados creen que con la decisión, el órgano hace “dudar de la imparcialidad” que debería tener el organismo y acusa a las “élites del ladrillo” por este revés. La coportavoz estatal Alejandra Jacinto ha mostrado su “preocupación” por el retraso en la norma,que no llegará al Consejo de Ministros previsiblemente hasta el mes de febrero y ha censurado el “injustificable” retraso de la norma, pero, recordando que el informe es “preceptivo” pero “no vinculante”.

Los morados confían en que su socio de Gobierno no se eche atrás para llevar la iniciativa al Gobierno para hacer frente a la “emergencia habitacional” del país, pero ha acusado al PSOE de “retrasarse” en el envío del informe del anteproyecto al Consejo del Poder Judicial puesto que la norma fue aprobada por el Gobierno en primera vuelta el pasado 27 de octubre y desde el ministerio de Transportes no la remitieron al CGPJ hasta principios de diciembre.

Aún así, los morados se encuentran convencidos de que la norma llegará al Congreso de los Diputados, donde confían en “tener margen para mejorar el texto” gracias a las futuras enmiendas que con toda seguridad presentarán los socios de investidura del Gobierno. Los morados buscan reducir a tres meses el periodo de aprobación de la normativa hasta su entrada en vigor en lugar de los 18 meses que se fija ahora en el texto como ‘vacatio legis’.