El CGPJ rechaza el informe de la Ley de Vivienda del Gobierno y volverá a estudiarlo a finales de mes

Con el voto en contra de 15 vocales y 6 a favor del texto elaborado por el progresista Álvaro Cuesta, el Poder Judicial decide nombrar a nuevos ponentes que redacten el dictamen

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado el informe del anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno por “sesgo ideológico” y “falta de solvencia técnica”. Los miembros, que se reunían este viernes en un Pleno extraordinario, han acordado cambiar al ponente que lo había elaborado, Álvaro Cuesta (quien fue diputado socialista), y designar como nuevos encargados a José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas para rehacer el dictamen, según fuentes del Poder Judicial. Los 20 vocales y el presidente Carlos Lesmes volverán a estudiar la propuesta el día 27 de este mes.

El debate ha sido intenso y el resultado claro: 15 votos en contra y 6 a favor de la propuesta de Cuesta. Una mayoría de vocales no ha compartido la conclusión del informe que, en líneas generales, avalaba la propuesta del Gobierno de Coalición. El centro de la disputa se sitúa en la competencia del Ejecutivo para legislar sobre una cuestión (la vivienda) que, en principio, la Constitución otorga a las Comunidades Autónomas. Así, el artículo 148 expresa que las autonomías pueden asumir la materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.

Para los vocales que han rechazado el informe de este viernes, la propuesta de Cuesta apenas entraba en esta cuestión que, sin embargo, ellos consideran “nuclear” para tener un posicionamiento claro sobre la Ley que ha impulsado principalmente el socio de Pedro Sánchez. “El texto hablaba del título competencial de una manera muy insuficiente”, indica un miembro del Poder Judicial.

Por eso la decisión es que se rehaga por completo y en vez de uno se ha designado a dos ponentes. Otra de las cuestiones que quieren resolver es el “nuevo concepto del derecho a la vivienda” que la entrada en vigor de esta normativa encararía y cómo choca esto con otros derechos como el de la propiedad privada o el de la libre empresa. Unas cuestiones de fondo que, de nuevo, los vocales han considerado no estaban bien analizadas en el texto expuesto.

El vocal Enrique Lucas había presentado una propuesta alternativa que ha sido acogida por sus compañeros y se han convertido en una enmienda a la totalidad de la propuesta. Advertía así de que Cuesta partía de una idea errónea que es que el artículo 47 de la Constitución que garantiza el derecho a todos los ciudadanos a una vivienda digna “tiene al Estado como destinatario” y “único principal”. Defendía el vocal progresista en este sentido que debe ser “una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigida posible” porque una materia tan importante como la vivienda “no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.

A favor del texto de Cuesta han estado Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. En contra se han situado el resto de vocales, partidarios de pronunciarse de cero dentro de unas semanas.

Este dictamen no es vinculante, pero se trata de un texto necesario que pasa por los órganos consultivos del Ejecutivo. El Gobierno pretendía ratificarlo el próximo martes en el Consejo de Ministros, si bien ahora tendrá que esperar como mínimo a finales de este mes.