El Gobierno desafía al CGPJ y aprueba la Ley de Vivienda sin cambios sustanciales

El Gobierno mantiene invariable su hoja de ruta con la Ley de Vivienda y desafía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin atender a los requerimientos que el órgano le hizo en un duro informe la semana pasada. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la controvertida norma, que permitirá a las comunidades autónomas regular los precios del alquiler, y que ha sido encumbrada por el Ejecutivo al quinto pilar del Estado del Bienestar. El varapalo del Poder Judicial no ha tenido efectos prácticos y, a pesar de las dudas de Unidas Podemos, desde Moncloa se aseguraba ya hace días que no habría cambios significativos, porque «este Gobierno no hace leyes inconstitucionales».

Además de como estandarte de nuevos derechos, en Moncloa aprovecharon la legislación para visibilizar una foto de unidad, en vísperas de la convalidación de la reforma laboral, con una comparecencia conjunta de la ministra del ramo, Raquel Sánchez, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que, aunque no tiene vinculación directa con la cartera, ha sido la principal impulsora de una norma que llega con un año de retraso.

En Moncloa la definen como una «ley histórica» que es, además, «rigurosa, sólida, compacta, transversal y blinda la función social de la vivienda». Unos calificativos que buscan contrarrestar los que el propio CGPJ le dedicó en su informe, definiendo el texto como «sobrecargado», «contradictorio», «farragoso», «incongruente», «nocivo», «innecesario» e «inoportuno».

Además, desde la mesa del Consejo de Ministros, la titular de Transportes llegó incluso a deslizar que el órgano de Gobierno de los jueces en sus atribuciones «consultivas» se había extralimitado en un informe que, recordó, era preceptivo, pero no vinculante. En este sentido, se reseñó que el «ámbito del informe» del CGPJ se debía «circunscribir únicamente a los tres artículos de Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados», yendo mucho más allá de lo solicitado por el Ejecutivo.

Sánchez también quiso dejar claro que la normativa «no invade competencias autonómicas», porque al Estado le corresponde la «competencia exclusiva» a la hora de garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos, incluido su derecho a una vivienda digna. Sin embargo, las «observaciones y comentarios» del Poder Judicial que sí se han incorporado a la norma han sido, precisamente, para clarificar ciertos conceptos de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que no quedaban bien definidos en una primera reacción.

Sin apoyos

Tanto Belarra como Sánchez insistieron en que la aprobación de esta ley es «urgente» y como tal se ha solicitado su tramitación en el Congreso de los Diputados. Una tramitación para la que, a día de hoy, al Gobierno todavía no le dan los números, aunque se llama al resto de fuerzas políticas a «trabajar conjuntamente para escuchar y mejorar el texto».

El bloque de la investidura, ERC, PNV y EH Bildu no se muestra, de momento, muy receptivo y amenaza con tumbar la ley por considerar que el plazo de 18 meses que se ha concedido el Ejecutivo para establecer un índice de precios de referencia en la vivienda es excesivo. Desde Moncloa, tanto Sánchez como Belarra aseguraron que esos 18 meses son un «plazo máximo» que esperan no tener que agotar. «Intentaremos reducirlo, si es posible», se comprometieron, recordando la «complejidad» que entraña.