Podemos teme que el PSOE se “eche atrás” en los “aspectos más ambiciosos” de la ley de Vivienda

La ley de Vivienda vuelve a ser objeto de tensiones en el seno del Ejecutivo. El anteproyecto de ley, que lleva un año de retraso para su aprobación final en el Consejo de Ministros, recibió este lunes el varapalo del Consejo General del Poder Judicial que cuestiona la normativa por invadir competencias autonómicas y considerar que las medidas para controlar el precio de los alquileres «tienen un alcance limitado» y un «farragoso contenido».

Ante esto, el sector morado de la coalición no oculta su preocupación ante la posibilidad de que el socio mayoritario, el PSOE, «pueda echarse atrás en los aspectos más ambiciosos de la Ley de Vivienda», según denuncian fuentes del ministerio de Derechos Sociales, –departamento promotor de la normativa– que precisamente ayer comenzó una ronda de contactos con organizaciones y movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. El objetivo de esta medida de presión es la de visibilizar el «amplio respaldo» con el que contaría un texto «verdaderamente ambicioso» en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Una estrategia que fue defendida por Unidas Podemos en el Congreso desde donde se advirtió de que «no debía tocarse ni una coma» de la norma y se pasó a cargar contra el Poder Judicial por «extralimitarse en sus funciones». Desde el Ministerio recuerdan “la situación excepcional” de un CGPJ que tiene el mandato caducado desde hace tres años y que en este caso solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, “no correspondiéndole en ningún caso evaluar la constitucionalidad de la norma”. Este informe, además, es preceptivo pero no vinculante. Es decir, ha de ser solicitado por parte del Gobierno, que no tiene obligación legal de asumir el contenido del informe.

Una hoja de ruta destinada para marcar a su socio, a pesar de que los morados aseguran que sus socios les han transmitido que la norma saldrá adelante sin cambios. De hecho, todo apunta a que la ley de Vivienda llegue al Consejo de Ministros para su segunda lectura el próximo martes, según avanzan fuentes de la coalición. En la parte socialista, por su parte, se califica de «injustificadas» las dudas de Podemos y se sorprendieron por la ronda de contactos iniciada por Belarra.

En Moncloa defienden que «el Gobierno siempre hace leyes constitucionales» y define como «muy buena» la legislación de Vivienda. Esto no es obstáculo para que se vaya a «leer con atención» las puntualizaciones que se hagan desde el CGPJ para salvaguardar «el rigor jurídico», pero reivindicando «con absoluta claridad y rotundidad» el compromiso del Gobierno de dar vivienda digna a precios asequibles.

Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales, además de advertir de su oposición a cualquier cambio normativo, busca recordar a los socios en el Congreso de los Diputados que Unidas Podemos asume sus propias reivindicaciones y es que una legislación nacional era una de las exigencias de ERC ante la paralización por el Tribunal Constitucional de su norma autonómica en materia de vivienda.