Una jueza deniega investigar si hubo trato de favor a un mafioso ruso en la Audiencia Nacional

Visto y no visto. Así fue la entrada de una pequeña derivada del «caso Voloh» en un juzgado de instrucción de Madrid. La historia era algo rocambolesca: una conversación entre un abogado, Gonzalo Boye, y su cliente e investigado, el empresario Josep Lluis Alay, en la que insinuaban que en la Audiencia Nacional se habían producido tratos de favor para reducir las penas a un mafioso ruso. El juez Joaquín Aguirre, que indaga en Barcelona esta causa sobre el desvío de fondos públicos para financiar el procés, leyó un informe de la Guardia Civil con estos mensajes y dedujo testimonio. Es decir, lo envió a la capital, porque los hechos presuntamente se habían cometido ahí, para que se decidiera si había que indagar.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid recibió los documentos el pasado 12 de noviembre y el 17 de ese mes ya había archivado. Teniendo en cuenta que hubo un fin de semana de por medio, ni tres días estuvo el caso sobre su mesa porque «no se aportaba prueba alguna que permitiera la investigación de los hechos», indican fuentes judiciales.

¿Y cuáles eran los hechos? Pues, según el oficio de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de agosto de 2021 -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la conversación sale del análisis del Iphone 8 de Josep Lluís Alay, quien fuera jefe de la oficina del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Alay se mensajea con el empresario ruso, Alexander Dmitrenko, quien también está siendo investigado en «Voloh». Viene al caso recordar que esta causa ha destapado la búsqueda de apoyos internacionales al proceso independentista catalán, incluida Rusia. De hecho, un artículo deThe New York Timesreveló que Alay se había reunido con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB.

Alay chatea también con su abogado -que por cierto comparte con Puigdemont- Gonzalo Boye concretamente el 27 de agosto de 2020. Boye envía un enlace de Twitter en el que se informa que ese mismo día unas 200 personas se habían concentrado en el centro de Barcelona en solidaridad con los ciudadanos de Bielorrusia. Al respecto de esa noticia Alay comenta que «es el sector antiruso dentro de casa». Un día después, hablan de Zakhar Knyazevich Kalashov, un georgiano de 68 años que se ha convertido en uno de los capos más peligrosos de la mafia rusa y, de hecho, tiene la entrada prohibida a España hasta septiembre de 2023.

Alay adjunta una fotografía de tres varones en una playa de Dubai, entre los que está Kasashov y Boye apunta que este hombre es muy peligroso. En esta conversación, que avanzó El Confidencial, Boye cuenta que el exjuez y ahora abogado Javier Gómez de Liaño maniobró para conseguir una reducción de penas de su cliente en la Audiencia Nacional. Según la sentencia consultada por este periódico, Kalashov -que fue detenido en Emiratos Árabes Unidos y entregado a España en 2006- fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales. Además se le multó con 20.000.000 euros.

«A través de Gómez de Liaño y pagando mucho, mucho dinero, consiguen que la sentencia sea justo algo menos de la mitad de la pena impuesta por lo que le dejan en libertad mientras recurre… ese era el trato», indica Boye. Algo que desde el despacho de Gómez de Liaño niegan tajantemente.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo le elevó la pena a 9 años, pero en 2014 fue expulsado de España y enviado a Rusia desde donde permanece su prohibición para volver. En boca de Boye sucede que «Gómez de Liaño y su socio judicial ganan mucho dinero y se lo quitan de en medio». Para la Guardia Civil «se desconocen más detalles al respecto y no se han encontrado evidencias adicionales, hasta el momento, que permitan esclarecer la veracidad de las afirmaciones de Boye».

Desde luego, la jueza María Luisa Prieto no le dio ninguna veracidad a estas afirmaciones, en tanto que archivó todo al considerar que «no se aportaba ni una sola prueba», dicen las fuentes judiciales. Lo contrario a lo que creyó el juez de Barcelona Joaquín Aguirre que vio indicios suficientes para que se indagara más y, por eso, lo envió a Madrid.

«Rusos problemáticos”

En este informe de la Policía Judicial, además, aparecen más nombres de capos rusos. Dimitrenko envía un enlace a Alay de una noticia de prensa rusa (imagen). En ella se lee que Vasily Khristoforov se había convertido en 2017 en el sucesor temporal de Kalashov. «Como dice Sergey trabajamos el tema de los rusos problemáticos», apunta Dimitrenko a Alay.

«La conversación entre Alay y Dmitrenko finaliza por lo que se desconocen más detalles acerca de su interés o de sus relaciones con los mencionados Kalashov y Kristoforov, pero es significativo que Dmitrenko afirme que están trabajando el tema de los rusos problemáticos, extremo confirmado por el propio Alay», exponen los agentes de la benemérita en su informe.