Censura a escena por defender el castellano

A principios de julio, el Ayuntamiento de Barcelona hacía público su informe anual sobre las situaciones de discriminación reportadas en 2024. El consistorio pensó en amenizar la presentación con una obra de teatro de la compañía «Teatro sin papeles», formada por un grupo de mujeres migrantes e hispanohablantes que viven en Barcelona. Estas mujeres, desacomplejadas, valientes e inconscientes de lo que les iba a venir, eligieron un tema sobre discriminación para su función. ¡Por supuesto! Pero, desde luego, no el que los gurús nacionalistas tenían en mente. Tuvieron la osadía de denunciar la marginación que ellas mismas sufren por ser hispanohablantes cuando van al ambulatorio, se dirigen a la administración o buscan trabajo. En las escenas, se las veía detrás de un médico o de un administrativo, rogándole que por favor les explicara en castellano un diagnóstico o cómo tramitar su residencia, obteniendo siempre la misma respuesta: que debían hablar catalán y así lo entenderían.

Estas jóvenes desnudaron, en pocos minutos, la hipocresía del nacionalismo catalán, que se presenta al resto del mundo como acogedor, abierto y universal, y en cambio impone el uso de una lengua sobre cualquier otro derecho. Destaparon que, a pesar de esforzarse por aprender catalán y obtener una titulación que lo acredite, continúan siendo rechazadas por no ser nativas en esta lengua. Entre la ironía y el drama, describieron lo que todos los ciudadanos de Cataluña vemos a diario: cuando te entregan las instrucciones para una colonoscopia solo en catalán, cuando el profesor de tus hijos se niega a cambiar al castellano, o cuando el administrativo de turno levanta la vista con mirada despectiva y te replica: «¿Por qué lo pides en castellano si en catalán se entiende perfectamente?».

El caso de este grupo de teatro no es el primero, y desgraciadamente no será el último. Seguro que recordarán los casos de la familia de Canet, la enfermera gaditana, o las decenas de camareros, dependientes o negocios puestos en el punto de mira por no responder en catalán a un cliente. Nadie puede poner en duda que aquí los únicos discriminados son los catalanohablantes, y que solo ellos tienen derechos en Cataluña.

La maquinaria de acoso está perfectamente engrasada: saltan los tuiteros anónimos o asociaciones de la causa y se unen a la jauría, los políticos nacionalistas y de izquierdas.

El alcalde Collboni salió a pedir disculpas, totalmente compungido, por el error de su contratación. La segunda teniente de alcalde admitió que «no habían revisado el contenido de la obra» antes de su representación. Salvador Illa, al conocer «los hechos», reafirmó públicamente su compromiso con el catalán y su salvación. Solo las apoyaron algunas asociaciones constitucionalistas, ciudadanos anónimos y opinadores libres. El Partido Popular se mantuvo en silencio y Vox, con un perfil muy discreto.

Pero aún más desconcertante que lo anterior es que la Oficina del Defensor del Pueblo de Barcelona abriera diligencias sobre el tema, no para defender la libertad de expresión de este grupo teatral o condenar los ataques xenófobos a sus integrantes por denunciar que se sienten discriminadas. No, su única preocupación fueron las quejas que las acusaban de delito de odio y catalanofobia. En una función en la que no se atacó al catalán como lengua ni a sus hablantes, y en la que manifestaron claramente que el problema son los «usos racistas y discriminatorios» que se hacen de las lenguas.

En tiempo récord, la sindicatura de Barcelona ha resuelto que no hay delito de odio, pero exige que el Ayuntamiento pida disculpas públicas por el grave error y ponga en marcha un listado interminable de acciones en favor del catalán. Les afea que programaron esta obra con ese contenido «sin revisarlo» y con motivo de la presentación de unos datos sobre discriminación.

Es decir, le echa en cara a Collboni que, en un acto de discriminación, se denuncie «una» que nadie reconoce como tal: que en Barcelona se excluye al español y se pisotean los derechos de los castellanohablantes.

Y he dejado para el final explicarles lo que decía ese famoso informe. En Barcelona se contabilizaron 190 actos de discriminación lingüística en contra del catalán y solo 2 en contra del castellano.

¿Saben quién elabora ese apartado del informe? Plataforma per la Llengua. La misma asociación que creó una aplicación para denunciar a los comerciantes que rotulan o atienden en castellano, la que promueve la desobediencia contra la sentencia del mínimo del 25% de horas en castellano en la escuela, la misma que defendió a los tuiteros que acosaron a la familia de Canet. Esa asociación forma parte del Observatorio de Discriminación de la ciudad de Barcelona y elabora ese informe y decide que es o no discriminación lingüística

No me negarán que, en Cataluña, no sabemos cuadrar el círculo.

*(Ana Losada es presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe)