Cristina Dexeus: «Con Dolores Delgado la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía queda enturbiada»

Recién reelegida por segunda vez presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, Cristina Dexeus (Barcelona, 1962) denuncia que con Dolores Delgado la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía «queda enturbiada» por su pasado político y los inevitables conflictos de intereses. Su dimisión, sostiene la decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona, es la única vía para superar un escenario que –advierte– «empaña el trabajo diario de los fiscales».

Su asociación ha reclamado la dimisión de la fiscal general. ¿Por qué no la consideran idónea para el cargo?

Lo hemos venido diciendo desde que se anunció por el Gobierno que era la persona propuesta para el cargo. En primer lugar, porque su procedencia directa del ámbito de la política afecta a la visión de neutralidad e imparcialidad que tiene que dar quien está en la cúspide de la institución. Y, por otro lado, que tenga posibles conflictos de intereses tampoco la hacen la persona más idónea para ese cargo, porque parece incompatible su permanencia en el mismo con los principios constitucionales que rigen nuestra institución.

Defienden que se impida el nombramiento de fiscales generales procedentes de la política, como es el caso de Delgado. ¿Esa sombra de sospecha pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal?

Precisamente de eso es de lo que nos hacemos eco: esa procedencia política de ser diputada de un partido por el que ha hecho campaña y ser ministra de Justicia de un gobierno determinado y, sin solución de continuidad, pasar a ser fiscal general ensombrece la postura de imparcialidad que debe representar quien dirige nuestra institución. La apariencia de imparcialidad queda totalmente enturbiada. Somos contrarios a las puertas giratorias, a que se acceda de la política a la carrera fiscal sin solución de continuidad. Debería fijarse un plazo para reincorporarse a la carrera para que no haya una afectación directa en el cargo.

Se han mostrado especialmente beligerantes en el «caso Stampa», ¿Cree que la fiscal general cruzó la línea roja de un posible conflicto de intereses?

No lo sabemos. La cuestión es que los vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales reclaman en el seno del Consejo Fiscal que se les dé traslado de toda la documentación del expediente, para tener plena información de lo ocurrido, puesto que existen afirmaciones en las que se llega a decir que ha habido una intencionada paralización de la investigación a través de la Secretaría Técnica con un fin determinado. A lo que se niega la fiscal general, por lo que los vocales han presentado un escrito reclamándole de nuevo esa información.

En las conclusiones del congreso que acaban de celebrar se muestran muy duros con Delgado, denunciando que ha causado un grave daño al prestigio de la Fiscalía y de haber sumido al Ministerio Fiscal en una crisis de credibilidad. ¿Superar ese escenario solo pasa por su dimisión?

Sí. Para superar este escenario, como quiera que su procedencia política es evidente y los conflictos de intereses pueden seguir existiendo, lo único que puede solventar esta situación es su dimisión.

¿Considera que su permanencia en el cargo perjudica a la carrera fiscal?

Sí. En la situación actual, día sí y día también las noticias sobre el Ministerio Público, no se refieren a nuestra labor, sino a cuestiones relacionadas con la fiscal general. Bien sea por las querellas contra el Gobierno o por declaraciones de algún miembro del Gobierno contra la Justicia o por el tema de Stampa. Eso no es bueno y empaña el trabajo diario de los fiscales.

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ¿podría ayudar a despejar esa perenne sombra de dependencia del Gobierno?

Sin duda es una parte importante. Un nuevo estatuto donde se despeje por completo esa sombra de duda acerca del nombramientos del fiscal general. Estableciendo una intervención más decisiva del Consejo General del Poder Judicial, que no solo se centrara en la antigüedad y el mérito sino también en la idoneidad. Pero, además, establecer la prohibición de las puertas giratorias y obligar a fijar un plazo del mandato del fiscal general que no coincidiera con el del Gobierno que lo designa y que no cese con el mismo, lo que supone una apariencia de dependencia de quien lo ha nombrado. Y otro aspecto que es preciso recalcar es conseguir la independencia económica del Ministerio de Justicia.

Con el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejará en manos de la Fiscalía la instrucción de las investigaciones. ¿Resulta más necesario que nunca desligar al Ministerio Público de cualquier sospecha de control político?

Es evidente que si no existe esa reforma estatutaria para blindar al fiscal general y a los fiscales de la injerencia política es impensable que se nos puedan atribuir las investigaciones.

¿Qué piensa de los ataques de Ione Belarra al Tribunal Supremo por la condena del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez?

La Fiscalía General del Estado debiera haberse pronunciado de inmediato, solicitando respeto a los tribunales, pero nada de eso ha sucedido. No sé si acabará haciendo algo, yo creo que no. Esos ataques, más allá de la sana crítica, en los que se imputa a los magistrados un delito de prevaricación, tendrían que haber sido limitados por la fiscal general llamando la atención sobre esas manifestaciones.

¿Cree que esos ataques son aislados o se enmarcan en una ofensiva de determinados partidos de deslegitimar las instituciones, entre ellas el Poder Judicial y la Fiscalía?

Parece que en los últimos tiempos se está traspasando una línea. Es razonables que se pueda ejercer la crítica de las resoluciones judiciales, pero acatándolas finalmente. Todo lo que no sea eso se aleja de los postulados constitucionales.

La Fiscalía se opuso a la concesión del indulto a los condenados por el proceso soberanista en Cataluña. ¿Cree que había motivos para otorgar la medida?

Como la concesión es política, ajena por tanto al ámbito judicial, deberían ser los políticos los que contestasen. Pero como fiscal, comparto íntegramente el criterio de mis compañeros del Tribunal Supremo y suscribo punto por punto sus argumentos.

¿Qué opinión le merece el bloqueo en la renovación del CGPJ, que ya supera los tres años en funciones?

Es necesario que haya un acuerdo de los partidos sobre el nombramiento de los vocales a fin de acometer una reforma legislativa para que los vocales judiciales sean nombrados por los propios jueces, como pide Europa y las asociaciones judiciales. Ya es hora de avanzar en ese sentido.

¿Qué lectura cree que saca la ciudadanía de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Don Juan Carlos?

Se trata de una investigación que está en curso y que desconozco por completo. Creo que no es conveniente pronunciarse sobre investigaciones que están desarrollándose.

La asociación que preside reclama una revisión de las retribuciones de la carrera fiscal. ¿Los fiscales están mal pagados?

En España, en comparación con Europa, están mal retribuidos y, sobre todo, somos muchos menos que la media europea. A la escasez de recursos humanos y materiales se une la existencia de retribuciones en algunos casos muy limitadas. Por ejemplo, hay determinadas guardias semanales en localidades pequeñas en las que se paga a 0,57 euros la hora de trabajo del fiscal de guardia. Además, los fiscales que acceden a la carrera no tienen un sueldo muy desahogado durante bastantes años.