La fiscal general, ante la ofensiva de PP y Vox, insta a no convertir la Justicia “en campo de batalla” política

En plena ofensiva judicial de PP y Vox contra su nombramiento como fiscal general del Estado directamente desde el Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado ha asegurado -durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por Felipe VI- que la Justicia “no puede convertirse en un campo de batalla de la contienda política”.

En su intervención, en la que no ha hecho referencia alguna a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo al rey emérito ni a la posición contraria del Ministerio Público a la concesión de los indultos a los condenados del “procés”-, Delgado sólo ha aludido en una ocasión a las consecuencias penales del desafío soberanista en Cataluña.

Y lo ha hecho para incidir en el hecho de que el fracaso del “procés” hizo desplomarse los delitos de odio por motivos ideológicos, donde según datos de la Fiscalía de Barcelona cayeron un 62% tras la “fractura social” ocasionada por el órdago independentista que alcanzó su punto álgido en 2017 y 2018.

Unos delitos de odio que, ha recordado la máxima responsable de la Fiscalía General, “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática”.

Reclama “mayores cuotas de autonomía”

La fiscal general del Estado -que ha reclamado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de “unas mayores cotas de autonomía”- ha asegurado asimismo que las cifras de víctimas de violencia de género (más de 1.100 desde que se dispone de estadísticas) “son inasumibles en una sociedad democrática”.

Delgado ha recordado que durante el año 2020 fueron asesinadas 47 mujeres, de las que tan solo siete habían presentado previamente denuncia. Y ha hecho hincapié en que la violencia de género dejó 28 huérfanos el pasado ejercicio, en el que además tres menores fueron asesinados por sus padres y cinco resultaron heridos graves.

La Memoria de la Fiscalía también evidencia el cada vez menor peso del terrorismo de ETA en las investigaciones de la Audiencia Nacional. De hecho, en el pasado ejercicio apenas un 16,18 por ciento de las diligencias se referían a la banda terrorista, ya claramente superadas por las que hacen referencia al terrorismo yihadista, que se disparan al 73,41%.

La pandemia de la Covid-19 también se ha dejado notar en la memoria anual, hasta el punto de que la práctica paralización de la actividad judicial durante tres meses de 2020 (coincidiendo con el confinamiento) ha hecho descender un 12,7% el número de diligencias previas, 1.372.314, respecto al año anterior. Algo parecido ha sucedido con los 242.846 escritos de acusación presentados por la Fiscalía, que suponen un descenso del 12 por ciento en comparación con los de los doce meses precedentes.