El PSOE impulsa una reforma del Código Penal para abolir la prostitución tras el choque con Podemos

La Ley del “sí es sí” ha dejado tras de sí una batalla importante en el seno del Gobierno: el PSOE aspiraba a incluir en esa norma la abolición de la prostitución, pero ha chocado con Podemos y el resto de socios parlamentarios (Esquerra, EH Bildu o PNV). Sin fuerza para incorporar ese punto a la Ley del “sí es sí”, una de las normas estrella de los morados, los socialistas se han visto obligados a activar una vía alternativa y han impulsado este jueves una proposición de Ley para reformar el Código Penal y abolir toda forma de prostitución.

La tensión entre PSOE y Podemos es más que perceptible: ambos partidos son conscientes también de que es una medida de alto impacto social y con importantes consecuencias en el campo de juego político. Al fin y al cabo, no deja de ser una pugna también por el liderazgo en el movimiento feminista. De hecho, en el PSOE recuerdan que la propia abolición de la prostitución ya dividió a los morados en una votación en febrero de 2019 ya que tiene sectores “regulacionistas”: es decir, prefieren optar por defender los derechos de las personas que quieren ejercer la prostitución voluntariamente.

En cualquier caso, tras el choque de ayer en la Ley del “sí es sí”, los socialistas se han ido directos al Congreso para presentar una proposición de Ley que pretenden tramitar rápidamente, por la vía de urgencia. La proposición de Ley tiene un artículo único que introduce cambios en los artículos 187 y 189 del Código Penal. Todo un desafío para Podemos, como ya dejó entrever ayer la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra: “Ahora todos los grupos tienen que decir si quieren abolir la prostitución o no. Va a ser un debate bastante sencillo”, señaló la dirigente del PSOE.

Los socialistas consideran que, actualmente, tal y como está redactado el artículo 187.2 conduce a la “impunidad total” del proxenetismo. Con la modificación introducida, el PSOE pretende que se castigue el proxenetismo sin excepciones: tanto si hay “relación de explotación” (que ya está penado ahora), como quien promueva la prostitución de otra persona aunque sea con el “consentimiento de la misma”. Es decir, abolición completa.

De esta manera, según el texto socialista, las penas para quien emplee “violencia, intimidación o engaño” determine a una persona a ejercer la prostitución será castigado con entre tres y seis años de prisión, mientras que serán de uno a tres años de cárcel para quien “promueva, favorezca o facilite” el ejercicio de la prostitución de otra persona con el consentimiento de la misma.

Asimismo, el PSOE también pretende castigar con penas de prisión de dos a cuatro años a aquellos que destinan locales para que se ejerza la prostitución y se multará a aquellos que paguen por “actos de naturaleza sexual” (habrá penas de prisión si la persona que ejerce la prostitución es menor de edad). Es decir, los clientes también serán multados.

Lo cierto es que Podemos tiene que decidir todavía el posicionamiento al respecto, pero todo apunta a que el PSOE no podrá contar con el respaldo de los socios parlamentarios de la mayoría de investidura, ya que ERC y EH Bildu tampoco se han mostrado favorables a la línea socialista en este sentido. Por tanto, sin el apoyo de las formaciones independentistas, el partido socialista debería recurrir al PP, con quien había pactado la enmienda para abolir la prostitución dentro de la Ley del “sí es sí”. De momento, en los populares se mantienen prudentes y están estudiando el texto para posicionarse.

PP

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que el PSOE tiene “una gran crisis de credibilidad” que no puede “tapar” su iniciativa parlamentaria para abolir la prostitución después de haberse gastado el dinero público de los andaluces en prostíbulos. Al ser preguntada expresamente si cree que el PSOE está legitimado para abolir la prostitución cuando se ha sabido que cargos del PSOE en Andalucía se han gastado dinero público en prostíbulos, Gamarra ha indicado que el Partido Socialista tiene “una grave crisis de credibilidad cuando plantean ciertas políticas” y “luego han sido condenados en el caso de los ERE por haberse gastado el dinero de los andaluces y de los parados andaluces en esas conductas”.