La cúpula de ETA, ante el juez por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La oleada de reaperturas de investigaciones sobre atentados de ETA en la Audiencia Nacional (hasta siete en los últimos meses) va a producir a partir de esta semana un nuevo desfile de declaraciones de exmiembros de la cúpula de la banda terrorista que llevaban tiempo alejados de cualquier titular. En concreto, en el marco del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, acudirán este jueves los exjefes Miguel Albisu Iriarte, alias «Mikel Antza», y María Soledad Ipaguirre, «Anboto». El instructor Manuel García Castellón busca procesarlos tras una querella de la asociación Dignidad y Justicia en la que alegan que los líderes jerárquicos eran los que tenían la llave para evitar los atentados.

El juez quiere escuchar también a José Javier Arizucren, alias «Kantauri», otro de los miembros del «comité Ejecutivo», pero para ello ha emitido una nueva Orden Europea de Detención y Entrega en su contra. Aunque «Kantauri» cumple condena en una prisión española, resulta que fue entregado por Francia y, por tanto, las causas por las que se le puede investigar deben ser expresamente autorizadas por la Justicia de ese país.

Además, la Guardia Civil señaló a un cuarto líder de la banda en 1997 cuando el secuestro del concejal puso en vilo a toda España hasta que lo mataron. Se trata de Ignacio Miguel Gracia, conocido como «Iñaki de Rentería». Cuando el juez realizó el escrito de citaciones dejó fuera a este último por considerar que los delitos que se le imputaban estaban prescritos. Según fuentes consultadas el debate en el seno de la Audiencia Nacional fue intenso en cuanto a este punto porque existen varias interpretaciones sobre la prescripción.

Signo de ello es que la decisión de apartar a «Iñaki de Rentería» ha sido recurrida tanto por el Partido Popular (que forma parte de la causa) como por la Asociación Dignidad y Justicia y por la propia Fiscalía. El fiscal del caso tiene un argumento muy técnico: expone que en los sumarios como el que se está instruyendo debe ser la Sala de lo Penal la que resuelva sobre la prescripción. Por su parte, el abogado de la asociación Miguel Ángel Rodríguez cree que no hay nada prescrito y se apoya en el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el convenio europeo sobre la imprescriptibilidad en delitos de terrorismo que España firmó en 2010.

Los investigadores no tienen grandes esperanzas albergadas en la declaración señalada para este jueves a partir de las 12 horas, más que nada porque es una estrategia habitual de los etarras que se acojan a su derecho a no declarar y su colaboración la Justicia sea nula. Así todo, el trámite es necesario. Quedaría entonces pendiente el informe de la Policía sobre el caso -ya la Guardia Civil y la Ertzaintza han entregado los suyos- y entonces son pocas las diligencias que se pueden acordar. Desde la asociación explican que lo más interesante sería no alargar mucho más la instrucción para poder enviar rápidamente al banquillo a los acusados. De esta forma, un tribunal podría decidir si realmente ve posible condenar por comisión por omisión y autoría mediata a las cúpulas de ETA, los encajes que los querellantes están utilizando para reabrir las causas.