España entrega a Francia a un segundo acusado por vender teléfonos encriptados

España entregó el lunes a Francia un segundo acusado de vender teléfonos móviles con un sistema encriptado llamado ‘Encrochat’ que se investiga como un método utilizado para las relaciones de narcotráfico en todo el mundo. Según informan fuentes de su defensa, el acusado (M.A.C) pasó ayer a disposición judicial con una juez de Lille que indaga en delitos de organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo, tráfico ilícito de armas y ciberdelincuencia. Su hermano ya fue enviado al país galo el pasado 19 de agosto.

La decisión había sido acordada por el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en julio, como adelantó LA RAZÓN, en el marco de una orden de detención y entrega (OEDE) que señalaba que estos hermanos habían vendido terminales en Canadá, República Dominicana, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Hong Kong, Panamá y España desde 2017 hasta 2021.

La gran operación que desarticuló el sistema Encrochat se produjo en 2018 cuando la gendarmería francesa descubrió este sistema telefónico de alta seguridad utilizado, principalmente, por organizaciones criminales. Las copias de servidores que alojaban los datos y que se encontraban en Francia permitieron identificar a los administradores y afloraron una estructura de blanqueo de capitales. Desde entonces y de forma ininterrumpida el país vecino ha ido enviando datos a distintos Estados de la Unión Europea para que abrieran nuevos casos o incorporaran lo que pudiera ser útil. En la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional confirman que la colaboración en este asunto ha sido estrecha y que continúan recibiendo información útil para pesquisas aquí.

El hombre, enviado esta semana, está acusado de ser “codirector” de la empresa de inversiones Carambola que se dedicaba a la logística de la red Encrochat. Sin embargo, su defensa alega que vender teléfonos encriptados en España no es un delito y expone el peligroso precedente que supone que los jueces entreguen a otro país a ciudadanos españoles por este motivo. Desde que el pasado mes de junio los hermanos de 47 y 48 años fueran detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encontraban en la prisión madrileña de Soto del Real. Algo que también ha sido permanentemente recurrido por sus abogados que esgrimen que los dos tienen familia, trabajo y arraigo en España como para que no exista riesgo de fuga.

El entorno de los dos extraditados ha tratado de frenar a toda costa el viaje. Pero no solo el juez de instrucción dio luz verde, también los magistrados de la Sala de lo Penal avalaron la entrega. En un escrito de la Sala de Vacaciones del 1 de agosto se desestima que haya que paralizar la orden de detención. Explican los jueces que Francia quiere proceder al enjuiciamiento de los hermanos, pero que si hubiera finalmente condena estos serían devueltos a Madrid para cumplir la pena de cárcel y añaden que como aquí no hay causa contra el acusado, España debe cumplir con el país vecino. “Lo que obra es que existe un proceso penal contra varias personas, entre las que se encuentra el reclamado, seguido exclusivamente en Francia, sin por ende existir concurrencia de jurisdicciones que se plantea hipotéticamente por el hecho de que el presunto devenir delictivo haya trascurrido, entre otros países, por España, con lo que no hay méritos para decretar la nulidad planteada”, reza el auto.

Además, fuentes de la defensa de uno de los acusados considera que el procedimiento ha estado viciado porque en alguna de las decisiones -como la de mantener la prisión provisional- ha participado (como ponente) el actual magistrado y anterior ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Consideran que el exministro debió haberse mantenido al margen porque cuando estaba al frente de la cartera tuvo un “papel crucial” en las relaciones de España con Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y, por tanto, conoció de casos como Encrochat. Por ello, preparan una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).