La Audiencia Nacional acuerda entregar españoles a Francia por el «chat de los narcos»

La policía europea desarrolló en 2020 una macrooperación que se saldó con la detención de más de 800 criminales y narcotraficantes en distintos países y las consecuencias continúan dando coletazos dos años después. Europol intervino Encrochat, un servicio de mensajería instantáneo encriptado que utilizaban los vendedores de droga para comunicarse. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado luz verde a la petición de Francia para extraditar a dos españoles que, supuestamente, vendían teléfonos móviles con este chat infranqueable. La defensa de los acusados habla de vulneración de derechos, mientras trata de evitar que los acusados, actualmente en prisión, pongan rumbo al país vecino.

La fiscalía de Lille (ciudad al norte de Francia) remitió a Madrid una orden europea de detención y entrega a finales del pasado mes de junio, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. La petición era contundente: querían a dos hermanos de 47 y 48 años por nada menos que 16 delitos que pueden conllevar allí hasta 30 años de cárcel. Cómplices de importación ilegal de estupefacientes en banda organizada, cómplices de transporte ilegal de estas sustancias, de posesión ilegal, de adquisición de armas, así como blanqueo de capitales, delitos informáticos y un largo etc. Todos ellos negados por sus abogados que, en conversación con este periódico, aseguran que únicamente vendían teléfonos y que ninguno de los reclamos que hace Francia son delitos en España.

«Durante 2018, la Gendarmería francesa descubrió un sistema telefónico encriptado utilizado por grupos criminales denominado Encrochat equipando teléfonos de alta seguridad, utilizado principalmente por organizaciones criminales. Las copias de servidores que alojaban los datos y que se encontraban en Francia [...] permitieron identificar a los administradores que desarrollaron esta solución, así como a los revendedores de teléfonos, revelando una estructura de blanqueo de dinero», señala la fiscal de Lille. «La investigación reveló que M.A (siglas de uno de los acusados) era codirector, junto a su hermano J., de la empresa de Inversiones Carambola, que se dedicaba a la logística de la red de Encrohat», reza la orden de detención.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a ambos españoles el pasado 22 de junio y, tras comparecer frente al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fueron enviados a la prisión madrileña de Soto del Real donde permanecen desde entonces.

El relato de los investigadores franceses expone que los hermanos distribuían estos teléfonos por diferentes países que servían a los criminales para lavar su dinero y delinquir. Hablan de delitos desde 2017 hasta 2021 en Canadá, República Dominicana, España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Hong Kong o Panamá.

El pasado 11 de julio, Pedraz dio el visto bueno definitivo: «dispongo acceder a la ejecución de la Orden europea de detención y entrega dictada de las autoridades de Francia». «Una vez firme, comuníquese a Interpol España o unidad policial competente para la ejecución de la entrega en el plazo más breve posible», señala el auto. El plazo de tres meses termina este mes de agosto y la defensa de los españoles asegura que de materializarse se produciría un atropello procesal. No es tan común que España entregue a ciudadanos españoles para ser juzgados en el extranjero, si bien existen unos férreos convenios de colaboración con la Unión Europea que dejan poco espacio para maniobrar aquí, exponen fuentes judiciales.

El asunto de Encrochat no es menor en la Audiencia Nacional. Desde la Fiscalía Antidroga señalan que están en permanente colaboración con las autoridades francesas que les remiten documentación sobre toda la investigación que explotó hace dos años prácticamente mes a mes y se adhiere a operaciones de narcotráfico que ya hay en marcha o dan lugar a otras nuevas. Lo relevante del asunto es que todavía no hay ninguna condena en firme por un caso de este tipo y, por tanto, las instancias superiores no se han pronunciado y no existe jurisprudencia al respecto.

Desde el Ministerio Público confían en que los jueces puedan entender que esto no es un caso de vulneración de derechos, -como si se permitiera tener acceso a todo lo que se habla en el chat Whatsapp de forma indiscriminada- sino que se enmarca en una macrooperación en la que Francia calcula que el 90% de los usuarios que participaban en Encrochatlo hacían delinquiendo.