La Fiscalía alerta de un “repunte” de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra

La Fiscalía General del Estado ha alertado de un “repunte” de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra durante el año 2021, mientras “decae la militancia radical” en Cataluña dentro de lo que califica como “Movimiento Violento Independentista Catalán”. El terrorismo concentró más del 30% de las diligencias de Fiscalía: 97 relacionadas con yihadismo y 41 sobre ETA.

En concreto, el Ministerio Público se refiere a la “red genuina, coordinada y dinámica” que surgió en torno al referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña para, a continuación, sostener que en la actualidad “ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa”.

Así consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021, consultada por Europa Press, que avisa del "repunte de actos violentos en el País Vasco y Navarra, subsumidos dentro de la violencia radical de carácter independentista". En este sentido, cita el papel que ejerce la creación a nivel comarcal del Kontseilu Sozialista (Consejos Socialistas).

“Las nuevas corrientes surgidas en el seno de la izquierda independentista en el País Vasco y Navarra han experimentado un notable crecimiento en su capacidad organizativa y movilizadora a nivel comarcal tras la creación de los Kontseilu Sozialista (Consejos Socialistas), que ha supuesto un paso más en la articulación del Movimiento Socialista como alternativa al proyecto de la izquierda abertzale en el País Vasco y Navarra”, advierte la Fiscalía.

El análisis figura dentro del apartado del terrorismo de ETA. La Fiscalía recuerda que, transcurridos diez años desde el fin de la banda terrorista, “las consecuencias de su actividad continúan evidenciándose” y que al término de 2021 había 42 huidos de la banda terrorista, 24 de ellos con requisitorias judiciales en vigor.

La violencia decae en Cataluña

La situación de la violencia callejera en el País Vasco y Navarra contrasta con la de Cataluña. “2021 ha sido, por distintos factores sociopolíticos, un año de exigua actividad violenta en el ámbito de esta amenaza comparado con otros anteriores”. El Ministerio Público alude como causas a la crisis sanitaria por el COVID-19 que ha ocasionado el “descenso en la presión y movilización del independentismo radical y violento catalán”.

No obstante, alude al "mantenimiento de acciones simbólicas", como los cortes diarios de la avenida Meridiana de Barcelona y otras protestas reivindicativas de frecuencia semanal en varios puentes sobre las carreteras.

“Lo que en la etapa 2017-2019 constituyó una genuina red, coordinada y dinámica, de ejercicio de la violencia callejera mayoritariamente de baja intensidad”, dice la Fiscalía en referencia a las protestas en torno al referéndum del 1-O, “ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa”.

En este sentido, recuerda los dos detenidos por la Guardia Civil vinculados con el colectivo l’Estaca por sabotajes simultáneos en diversos radares ubicados en distintos puntos de la geografía catalana y los otros cuatro arrestados el pasado 1 de octubre en la manifestación en Barcelona por el aniversario del referéndum ilegal.

Grupos nazis y de extrema izquierda

La Fiscalía también se detiene en los grupos de extrema derecha de la “órbita nazi” que ponen el foco “en los conocidos como menas (menores no acompañados) o en el movimiento LGTBIQ, “a cuyos integrantes acusan de ser benefactores de las ayudas y recursos públicos en detrimento de los nacionales”. Habla sobre todo de altercados de orden público y del incremento de mensajes de estos grupúsculos en foros y redes sociales.

A continuación cita los grupos de extrema de izquierda y las movilizaciones violentas, principalmente tras la condena al rapero Pablo Hasél. Incluyendo ataques contra agentes y dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“En un escenario de notable incremento de la polarización ideológica, los colectivos de extrema izquierda y antifascista mantienen una actitud vigilante y de contestación ante cualquier convocatoria o actividad programada por el bloque antagonista que conforma la extrema derecha”, expone el Ministerio Público.