Resignación en Moncloa por la rebelión de los barones: «Van por libre»

La cascada de rebajas fiscales anunciadas por los territorios socialistas obliga a Sánchez a reaccionar y cambiar de estrategia

Poco queda de la foto de unidad que Pedro Sánchez buscó proyectar en el Consejo de Política Federal en Zaragoza. Rodeado de todos sus barones autonómicos, el presidente del Gobierno trasladó un mensaje de cierre de filas y estrategia unitaria de cara a las decisivas elecciones municipales y autonómicas, antesala de las generales de 2023. La sensación duró poco. En ese mismo cónclave, tal como publicara este diario, ya se escucharon voces discrepantes con la estrategia del Ejecutivo de atacar a Alberto Núñez Feijóo por su «insolvencia o mala fe». Dichas discrepancias se exhibieron públicamente solo un día después en una entrevista en «El Mundo» del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuestionando los socios de legislatura de Sánchez –EH Bildu y los independentistas catalanes– y alertando sobre el perjuicio que generaría esta entente en las urnas.

Cuando apenas se había puesto sordina a esta salida de tono (oficial) del presidente castellanomanchego fue su homólogo valenciano, Ximo Puig, el que abrió una verdadera vía de agua en la estrategia del Gobierno. El malestar en Moncloa era evidente, donde temían, resignados, una «cascada» de reacciones por parte de los territorios socialistas en la misma dirección. «Es periodo electoral», resumen. Y los movimientos no se hicieron esperar. En el Ejecutivo no son ajenos a la inquietud que late en los feudos socialistas ante la ofensiva fiscal lanzada por el PP, pues, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, son conscientes del efecto movilizador de las rebajas de impuestos. El propio Ximo Puig, cuatro días antes de hacer el anuncio de su reforma, se dirigió a Sánchez para que «penalizara» en el reparto de financiación autonómica a las regiones con rebajas fiscales. Una iniciativa que el Ejecutivo «no ve viable» en ningún caso.

El nerviosismo en el PSOE trasciende los muros de La Moncloa. Si en la Presidencia del Gobierno no son capaces de entender por qué nada les funciona, después de desplegar ambiciosos paquetes de ayudas y bonificaciones para paliar la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania; extramuros, en los territorios, asisten con cada vez más distancia a lo que ocurre en Madrid. Los socialistas obtuvieron un solvente resultado en los comicios de 2019 y en la contienda del próximo 28 de mayo tienen mucho poder autonómico y municipal que defender. Gobiernan en nueve de las 12 regiones y en 58 de los cien municipios que se miden en las urnas. En Ferraz asumen que las grietas que se han percibido en la estrategia fiscal serán solo el principio de lo que puede ocurrir de aquí a mayo. «Van por libre. Aquí cada uno defiende sus intereses», señalan.

Lejos queda la coyuntura en la que ir de la mano con el Gobierno central era garantía de éxito electoral, el propio Ximo Puig hizo, en abril de 2019, coincidir los comicios valencianos con los generales para beneficiarse del viento de cola que suponía el «efecto Moncloa». Ahora nadie quiere verse contaminado por el desgaste de una gestión que, como último hándicap, tiene que hacer frente a los efectos de una inflación desbocada, que ahonda en el empobrecimiento de las familias. Las luces largas han sustituido a la mirada corta hacia el 28-M. Aunque esto suponga un torpedo a la línea de flotación de la estrategia nacional. Tras la desbandada de barones impulsando sus propios paquetes de rebajas fiscales o de reducción de tasas –el último el de Extremadura, pero Aragón y Castilla-La Mancha también valoran sus propias fórmulas de alivio a las clases medias y bajas–, el Ejecutivo se vio obligado a modular su propuesta impositiva en esta misma dirección.

Si el lunes la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, anticipaba desde la sede de Ferraz que su paquete fiscal se basaría en «subidas selectivas de impuestos» a marchas forzadas acabó conteniendo, el jueves cuando se presentó, también «rebajas selectivas» a las rentas más bajas, de hasta 21.000 euros. La estrategia de demonizar las bajadas de impuestos quedaba enterrada. Desde el Gobierno intentaron sin éxito que las regiones socialistas esperasen para hacer sus anuncios fiscales a que el Ejecutivo presentara el jueves su plan. No hubo forma. El «marco» ganador, frente al PP, de que eran los populares quienes apostaban por el «vaciamiento de recursos públicos», fomentando una menor recaudación, quedaba en entredicho.

Sin embargo, en el Ejecutivo no están dispuestos a soltar la pieza. El hecho de que el PP anticipara el jueves que apoyará la reforma fiscal del Gobierno, si decide llevarla al Congreso como proyecto de ley, «siempre que separe la parte de bajada de impuestos –a las clases medias– de la subida de los gravámenes –a los grandes patrimonios» ha devuelto la esperanza en mantener vivo el relato. Ese que pasa por ubicar a los populares en la defensa de las clases más pudientes y los poderosos, frente a los más vulnerables y precarizados.