Cómo ha sido el Consejo General del Poder Judicial más largo de la historia: cuatro años en funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más longevo de la historia de la democracia llega este lunes a un punto de inflexión tras la oficialización de la renuncia del presidente, Carlos Lesmes.A partir de aquí todos los caminos son vírgenes y la incertidumbre que impregna el órgano de gobierno de los jueces que seguirá con las funciones limitadas (no pueden nombrar a magistrados para ocupar las cúpulas judiciales) se posa sobre un escenario en el que las vacantes del Tribunal Supremo preocupan mucho en la carrera. Aunque la preocupación principal se centra en la visión de tremenda politización que tienen los ciudadanos sobre la Justicia tras todo este episodio. Casi cuatro años -se cumplen el próximo diciembre- lleva el CGPJ en funciones y más de dos con el veto activo a los nombramientos.

Desde 2013: 2 vocales menos

El CGPJ se compone de 20 vocales y un presidente que es elegido en pleno. El Parlamento le otorgó el 4 de diciembre de 2013 el mandato constitucional de componerse para los siguientes cinco años. Es decir, hasta 2018 cuando se inició el bloqueo. Todos los vocales elegidos han aguantado hasta este año cuando se han producido dos bajas. Una, por fallecimiento el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto y otra, por la jubilación de Rafael Fernández Valverde.

El Congreso de los Diputados elige a diez miembros y el Senado a otros diez, por lo que en la práctica Gobierno y oposición se reparten la veintena de asientos. Se trata de 12 escogidos de entre jueces y magistrados (la carrera judicial hace una lista previa de los que aspiran a presentarte) y 8 juristas de reconocido prestigio. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 hubo un intento de renovación que estuvo muy cerca de llegar a acuerdo en tiempo (antes de finales de ese año cuando se vencía el plazo) con el PP de Pablo Casado. Pero un Whatsapp lo frustró todo.

El whatsapp de Cosidó

En agosto el presidente Lesmes puso en marcha el procedimiento para la renovación y en el acto de apertura del año judicial de ese año, tradicionalmente después de vacaciones, hizo un discurso de despedida. No podía prever entonces que tendría que hacer cuatro más. En noviembre de 2018 se anunció un pacto para el CGPJ y, aunque el presidente del órgano debe elegirse en pleno por los propios vocales, un mensaje dejó en evidencia que la elección ya estaba hecha: sería el magistrado jefe de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena.

El entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió a los miembros de su grupo un Whatsapp que se filtró a la prensa, indignó a los jueces y voló el acuerdo: “Ha sido una jugada estupenda. Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás”. Marchena anunció entonces su negativa a presidir el CGPJ y todo quedó en el aire.

Los intentos de Lesmes

El presidente ha instado en varias ocasiones a los políticos a que lleguen a un acuerdo. En enero de 2019, en julio y diciembre de ese año y de nuevo en julio de 2020 envió distintas misivas al Congreso y al Senado instándoles a renovar ya. De la misma forma que en los distintos discursos que ha pronunciado rara era la vez que no incluía algunas palabras sobre la renovación. Incluso, en enero de 2020 cuando el CGPJ todavía podía designar a magistrados en posiciones de poder Lesmes llegó a paralizar una tanda de nombramientos porque tenía conocimiento de que había acercamientos entre PP y PSOE. Pero todos sus intentos han sido en balde y no fue hasta su último discurso hace unas semanas en el acto de apertura del año judicial cuando por primera vez insinuó su dimisión: “Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”. A partir de aquí, primero en corrillos a periodistas y luego ya abiertamente en sus intervenciones, el presidente dijo que renunciaría en “semanas” si los políticos no se sentaban a negociar.

Los motivos del bloqueo

En estos años los interlocutores que socialistas y populares han puesto a hablar han ido variando sin que el resultado final fuera distinto. En un primer momento las conversaciones las mantuvieron el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia e Interior PP madrileño, Enrique López. Campos llegó a decir que el acuerdo estaba hecho, los nombres de los vocales elegidos y solo faltaba el ‘okey’ del PP. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al despacho más importante de Génova y la remodelación en el Ejecutivo de Sánchez cambiaron las caras. El pacto se “negocia” ahora entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicepresidente del PP, Esteban González Pons.

Los acercamientos han ido y venido entre 2020 y 2021 en distintas ocasiones. El verano de dos años atrás el PP salió a explicar que rompía las negociaciones porque no podía consentir el trato que el Ejecutivo estaba dando a la marcha del Rey Juan Carlos de España y que, además, no iban a asumir que Unidas Podemos participara en la negociación; en otras ocasiones las posiciones se han enrocado al llegar a vetos cruzados de personas que unos y otros no querían en el CGPJ. Victoria Rosell o Ricardo de Prada eran líneas rojas para los populares. Ahora, en Génova esgrimen que para negociar es condición sine qua non que cambie el modelo de elección de los vocales. Es decir, que no sean ellos, los políticos, los que se repartan las sillas sino que los jueces elijan directamente a sus pares. Al menos en esos 12 miembros que forman parte de la carrera judicial.

En octubre de 2021 se cierra el pacto para la renovación del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Todo parece indicar que, ahora sí, el clima es favorable a que unos días más tarde la inercia llegue al CGPJ. Pero esto nunca ocurrió.

La Ley que limita sus funciones

A todo este caldo de cultivo se añade un nuevo ingrediente: el Gobierno limita las funciones del CGPJ. En marzo de 2021 aprueban por Decreto [ley orgánica 4/2021] que los actuales vocales con su mandato vencido no puedan seguir designando quién ocupa las cúpulas judiciales. Esta no es la única función del Consejo, pero sí una de las más mediáticas porque de ellos dependen los magistrados que ocupan las presidencias de todos los Tribunales Superiores de Justicia de España, las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y absolutamente todos los magistrados que forman el Tribunal Supremo (que son los que juzgan a los políticos).

El PSOE y Podemos vaciaron esta competencia y el resultado ha sido un goteo de profesionales jubilados que no se pueden reponer por lo que las Salas, especialmente en el Supremo, están perdiendo el quorum necesario para firmar sentencias. A final de año serán 75 las plazas sin ocupar o en situación de interinidad. Una de las máximas preocupaciones es, por ejemplo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo porque en este tiempo ha perdido dos de los 12 magistrados y de aquí a diciembre hay previstas otras dos jubilaciones, entre ellas la de la presidenta María Luis Segoviano.

El aliento de Europa y la visita de Reynders

No han sido pocas las menciones que desde la Unión Europea se han hecho para alentar a que se cumpla la Constitución. Tanto desde Bruselas como desde las propias asociaciones judiciales ven crucial que la renovación vaya aparejada del inicio de la negociación para cambiar la ley sobre la forma de elegir el CGPJ. Pero si algo quedó claro en la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders,hace dos semanas es que lo que ven prioritario es el pacto.

Reynders pasó tres días en España viéndose con todos los actores del panorama de Justicia y las expectativas que habían depositado en él unos y otros han terminado por desinflarse. Los propios vocales conservadores argumentaron que pausaban la negociación del Tribunal Constitucional (deben elegir ahora a otros dos magistrados) para ver qué efecto tenía la visita del comisario. Se reunió con González Pons y con Bolaños, y en un encuentro posterior con la prensa dijo que había encontrado “disposición” negociadora. Pero ahí se quedó la cosa. Reynders no fue el revulsivo esperado y lo único que ha hecho que los líderes políticos vuelvan a reunirse ha sido el anuncio oficial de la dimisión de Lesmes.